En apenas dos meses, la violencia de género en Argentina dejó un rastro de destrucción que el Estado no logra detener. Según el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, dirigido por La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 43 víctimas fatales. Esta cifra se compone de 36 femicidios de mujeres y niñas, un transfemicidio y 6 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Los datos analizados por la organización revelan que el peligro habita en lo cotidiano porque el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su propio hogar o en la vivienda compartida con el agresor. Además, en el 62% de los casos los femicidas eran parejas o exparejas de las víctimas.
El impacto social es devastador y se traduce en 45 hijos e hijas que quedaron sin madre, de los cuales casi la mitad son menores de edad. En términos territoriales, la provincia de Buenos Aires encabeza la estadística en números absolutos, seguida por Santa Fe, Tucumán y Mendoza.
El informe expone con crudeza las fallas en el sistema de protección estatal al confirmar que cinco víctimas habían realizado la denuncia previa y tres de los femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención. El documento también detalla que tres de los agresores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, siete se suicidaron tras el crimen y cuatro de las víctimas presentaban indicios de abuso sexual. Entre los casos registrados también se identifica a una mujer embarazada y dos víctimas en contexto de narcocriminalidad.
Como una novedad política y judicial, La Casa del Encuentro incorporó en este reporte la variable de Tentativa de femicidio con 25 casos registrados. La organización sostiene que informar sobre estos intentos “aporta mayor visibilización a la realidad sobre la violencia contra las mujeres y promueve mayor conciencia política y social”, recordando que el Código Penal establece para estos ataques penas mínimas de 10 años de prisión.
La postura de la sociedad civil es tajante frente al avance de la crisis social y advierte que “las desigualdades, que son el origen de todas las violencias, cada vez son más amplias y eso exacerba las malas condiciones de vida”. En su reclamo, exigen una transformación profunda bajo la premisa de que “queremos un Estado que actúe y no destruya. Queremos un Estado que transforme”, haciendo énfasis en que no se deben naturalizar estos hechos porque “no son sólo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”.
Finalmente, el informe reafirma que esta problemática debe ser tratada bajo su verdadera naturaleza porque “la violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad”.
La organización concluye con una promesa de resistencia dirigida a quienes ejercen y omiten esta violencia al asegurar que “nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio. Por Ellas Siempre”.