Manuel Adorni puso en venta el departamento que posee en la ciudad de La Plata mientras avanza la investigación judicial que busca determinar si su crecimiento patrimonial guarda relación con los ingresos que declaró como funcionario nacional.
La propiedad está ubicada sobre la calle 48, entre 6 y 7, en pleno centro platense, y fue publicada por una inmobiliaria con un valor de US$95.000. La decisión se conoce en un momento sensible para el jefe de Gabinete, que antes de noviembre deberá afrontar compromisos por US$270.000 con cuatro acreedoras que ya declararon en la causa.
Cómo es la propiedad que salió al mercado
El inmueble es un departamento de tres ambientes ubicado en el cuarto piso de un edificio con varias décadas de antigüedad. Según la publicación inmobiliaria, cuenta con 98 metros cuadrados cubiertos, tres dormitorios y tres baños, uno de ellos con bañera e hidromasaje.
Desde la firma que comercializa la unidad señalaron que el departamento se encuentra en buen estado general y sin daños estructurales visibles, pese a la antigüedad del edificio.
El origen del inmueble
En la declaración jurada presentada en 2024, Adorni informó que esa propiedad fue incorporada a su patrimonio en junio de 2016 como una donación familiar.
En ese documento, además, consignó que mantiene la titularidad total del departamento, que ahora intenta vender en medio del avance de la causa en Comodoro Py.V
La investigación que complica al funcionario
La causa está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que analiza varias operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario, entre ellas la compra de un semipiso en Caballito y una vivienda en Exaltación de la Cruz.
Uno de los principales focos está puesto en una operación por un departamento en la calle Miró, donde Adorni habría abonado US$30.000 en efectivo y financiado otros US$200.000 sin interés, una modalidad que llamó la atención de la fiscalía.
Las pruebas que revisa la Justicia
En los últimos días declararon testigos vinculados al sector inmobiliario y el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, de su esposa y de varias personas involucradas en préstamos y operaciones.
La fiscalía también busca reconstruir el circuito financiero mediante registros telefónicos, mensajes y documentación que permita establecer cómo se financiaron las adquisiciones.