Resta resolver quiénes serán los jueces que definirán la suerte del expresidente.
La Cámara Federal de Casación Penal vuelve a ponerse en marcha para revisar la situación de Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. En esa causa, el expresidente fue procesado pero después la Cámara Federal porteña lo sobreseyó con el argumento de que las tareas de inteligencia sobre los parientes existieron pero que eran legales porque estaba en riesgo la seguridad del primer mandatario.
Como primera medida, la Casación deberá definir cómo queda integrada la Sala II, que es la que revisa todo lo relativo a las causas de espionaje que se instruyeron en Dolores. Hay dos jueces que ya están confirmados, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, pero resta definirse la situación de Carlos Mahiques, que fue recusado por haber viajado con otros magistrados, empresarios e incluso un exintegrante de la Secretaría de Inteligencia (SI) a Lago Escondido.
Se resolvió que sea Daniel Petrone quien defina, junto con Ledesma y Yacobucci, si Mahiques continúa interviniendo en la causa. Como las partes recién fueron notificadas, aun tienen posibilidad de recusarlo.
Una vez definida la integración de la Sala, los jueces deberán convocar a una audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de Macri y de los exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) involucrados en la vigilancia sobre las familias que se habría extendido entre finales de 2017 y finales de 2018, cuando finalmente se halló el submarino.
En diciembre de 2020, el juez federal Martín Bava procesó a Macri y al extitular de la AFI Gustavo Arribas, entre otros. Sin embargo, a los pocos días, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó la causa. Cuando tuvo que revisar los procesamientos, la Cámara porteña los dejó sin efecto.
En julio del año pasado, los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que las tareas de inteligencia sin orden judicial existieron pero que estaban justificadas por estar supuestamente en riesgo la seguridad del presidente.
Tanto las querellas como la fiscalía apelaron. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó como amicus curiae en la causa para advertir que con esa interpretación se le estaba dando una carta blanca a los servicios de inteligencia. Sin embargo, Yacobucci y Mahiques se negaron a dejarlo intervenir. Todavía existe la posibilidad de que la Corte Suprema le permita intervenir al organismo de derechos humanos.
Fuente: Página 12