El fallo judicial marca un precedente en la circunscripción de Chilecito-Famatina. El exjefe comunal destacó que el objetivo de la querella fue limpiar su honor y buen nombre, más allá de la sanción económica.
La justicia de la provincia dio a conocer este fin de semana la sentencia condenatoria contra la ambientalista Karina Díaz Moreno, tras una querella por calumnias e injurias presentada por el exintendente de Famatina, Alberto Laureano Godoy.
El origen del conflicto
La causa judicial se inició en septiembre de 2023, meses después de que Díaz Moreno realizara una publicación en redes sociales a raíz de un incendio ocurrido en la localidad de Ángulos. En dicha publicación, la ambientalista responsabilizó directamente al exfuncionario, utilizando términos agraviantes como «corrupto» y «resentido».
Según explicó Godoy en una entrevista radial, el proceso judicial fue extenso y respetó rigurosamente cada una de las etapas. Durante una instancia de conciliación previa, la acusada se negó a retractarse, lo que obligó a avanzar hasta la instancia de sentencia, que finalmente se dictó el pasado viernes 5 de junio.
Un fallo con carácter ejemplificador
Aunque el tribunal condenó a Díaz Moreno al pago de una multa de 20.000 pesos más costas, tanto el exintendente como los comunicadores que analizaron el caso coincidieron en que el monto es meramente simbólico, debido a que se basa en escalas legales desactualizadas que datan del año 2011.
No obstante, Godoy subrayó en MEDIOS RIOJA, la importancia política y personal del fallo:
«Hay que poner una vara entre lo que es la crítica y lo que es la ofensa y la difamación. Esto es algo totalmente distinto y es lo que me movilizó. Mi intención no era el rédito económico, sino limpiar mi nombre y el honor de mi persona».
El exmandatario famatinense, quien actualmente se desempeña en funciones dentro de la Secretaría de la Gobernación, calificó la sentencia como un «hecho precedente histórico» para la región. Según expresó, el fallo envía un mensaje claro sobre los límites de la libertad de expresión en entornos virtuales, donde la impunidad suele ser moneda corriente.
La resolución, que pone punto final a meses de litigio, sienta un nuevo marco de referencia para quienes, amparados en el anonimato o la libertad de las plataformas digitales, incurren en el agravio directo contra figuras públicas y sociales.