El presidente de la Nación brindó una conferencia de prensa sobre la situación en Jujuy.
El presidente Alberto Fernández repudió los “hechos de represión y violencia estatal” acontecidos en Jujuy, instó al gobernador Gerardo Morales a “cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos”, y adelantó que el Gobierno nacional iniciará “acciones judiciales y legislativas” para garantizarlos, en caso de no cesar la violencia en esa provincia.
Así se pronunció el mandatario esta tarde en Casa Rosada, en el marco de una declaración oficial que brindó sobre el conflicto en la provincia de Jujuy, en la que además adelantó que instruirá al ministerio de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy “que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.
A continuación, el texto completo de la declaración:
Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy, que, por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país, ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy.
Cito la carta de Naciones Unidas: “La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo”.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó: “Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”.
Por su parte, Amnistía Internacional advirtió: “Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos”.
Finalmente, la Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó: “Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH”.
Por todas estas razones, instó una vez más y de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy.
Hago saber que he instruido al Ministro de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva la sanción de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Hemos enviado a Jujuy funcionarios de la secretaría de DDHH, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día en el que el problema empezó, volvió a Buenos Aires a informarme sobre la crítica situación y por mi instrucción ya ha regresado a la provincia para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos y además ver el estado en que se encuentran las personas detenidas.
Por último, le solicito al Gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas.
Quiero que sepa el señor Gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del Gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tener ayuda.
A 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los legítimos reclamos y expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta, es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas.
Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de pruebas de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante.
Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad.
Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el Gobierno nacional. Con todos y cada uno de nosotros que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra.