«Es una acción presentada en la competencia originaria de la Corte, la más importante de toda la Argentina», detalló el letrado. El recurso reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto del presidente Javier Milei.
El abogado constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra explicó los alcances de la presentación realizada ante la Corte Suprema, en la que el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto del presidente Javier Milei por sus «perjuicios irreparables a la ciudadanía», junto a una medida cautelar para que suspenda sus efectos.
«Lo más importante es que es una acción presentada en la competencia originaria de la Corte, la más importante de toda la Argentina. Es una gran decisión del gobernador, porque el problema jurídico ya está planteado en los despachos de los jueces de la Corte y ahora tiene que decir si habilita la feria judicial de enero, y si dicta la cautelar que le pedimos para suspender los efectos», detalló en diálogo con C5N.
«Lo que hay que saber es que es un porcentaje muy pequeño las que van a la competencia originaria. No fuimos a primera instancia o segunda instancia, nos presentamos ante la Corte. El gobernador le pide que sostenga el federalismo y la democracia, no es un reclamo político», concluyó.
Más temprano, el gobernador riojano Ricardo Quintela informó que «en el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)», informó el mandatario provincial.
Asimismo, agregó que «se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa».
«Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», concluyó.