Con una audiencia clave en la Corte Suprema fijada para el 21 de abril, la Provincia reclama $2,2 billones por la deuda previsional mientras Nación ya selló acuerdos con otros distritos. Crece la presión de intendentes y se agrava la crisis fiscal en todo el país.
En medio de una crisis fiscal que golpea a provincias y municipios, la relación entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei se encamina a un nuevo punto de máxima tensión. El 21 de abril, ambos volverán a verse las caras ante la Corte Suprema de Justicia por una deuda previsional que, actualizada, asciende a $2,2 billones y que se convirtió en uno de los principales frentes del conflicto político y económico entre Nación y la provincia de Buenos Aires.
En La Plata interpretan que esta vez el Gobierno nacional deberá llegar con una propuesta concreta. No solo por la magnitud del reclamo, sino también por los antecedentes recientes: la Nación ya cerró acuerdos con distritos como Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, y Chubut, a cargo de Ignacio Torres, luego de que ambos judicializaran sus reclamos. En el entorno bonaerense leen esos movimientos como una señal clara de que la presión judicial puede forzar negociaciones.
En ese contexto, también aparecen gestos desde el Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo. En las últimas semanas, la Nación habilitó adelantos de coparticipación para al menos doce provincias con dificultades financieras, entre ellas Chaco, Mendoza, Tucumán y Santa Cruz. Buenos Aires no fue incluida en ese esquema, ni lo solicitó formalmente, según aclaran en la Gobernación.
Sin embargo, hay otro dato que no pasa desapercibido: pese a advertencias previas sobre posibles restricciones, la cartera económica viene aprobando pedidos de endeudamiento de la provincia. La lógica que reconocen incluso dentro del oficialismo nacional es pragmática: un colapso financiero en el distrito que concentra cerca del 40% de la población del país tendría consecuencias imposibles de contener.
La presión de los intendentes y la crisis territorial
El conflicto no se limita al plano institucional. La crisis económica se traduce con fuerza en los territorios. Intendentes de distintos puntos del país preparan una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar una situación que califican como crítica. En la provincia de Buenos Aires, incluso jefes comunales de la oposición acudieron a la Gobernación para pedir flexibilidad en el uso de fondos, con el objetivo de destinarlos a salarios y asistencia social.
Grupo La Provincia
El gobierno bonaerense, por su parte, avanzó con la reglamentación de un fondo de emergencia que garantiza al menos $250.000 millones para obras municipales. Sin embargo, puertas adentro reconocen que la demanda de los intendentes hoy está lejos de centrarse en infraestructura: lo urgente es sostener el funcionamiento básico de los municipios.
El litigio por los fondos previsionales es apenas una parte de un conflicto más amplio. La provincia de Buenos Aires acumula ocho demandas ante la Corte Suprema vinculadas a distintos recortes y transferencias interrumpidas por parte del Estado nacional. Entre ellas aparecen reclamos por el Fondo de Incentivo Docente, subsidios al transporte, recursos para seguridad y compensaciones vinculadas al Consenso Fiscal.
Detrás de esa batería de presentaciones subyace un problema estructural: la histórica discusión por la distribución de recursos entre Nación y provincias. Desde hace décadas, Buenos Aires sostiene que recibe menos de lo que aporta, una tensión que ningún gobierno logró resolver de manera definitiva.
Al mismo tiempo, impulsa una articulación con intendentes de distintas provincias que se expresará este martes en una presentación conjunta ante el Ministerio de Economía. La movida, coordinada por el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, apunta a mostrar volumen político y a consolidar a Kicillof como un referente de un reclamo que trasciende los límites bonaerenses.
En este sentido, el desenlace de la audiencia del 21 de abril puede marcar un punto de inflexión. La expectativa en la provincia es que el Gobierno nacional avance con una propuesta que permita destrabar al menos parte del conflicto. Pero los tiempos apremian.
Así, la disputa por los fondos no solo define una pulseada institucional entre Nación y Provincia, sino que también se inscribe en un escenario político más amplio, atravesado por la crisis económica, la reconfiguración del mapa de poder y la proyección de liderazgos hacia 2027.