La presidenta del Colegio de Escribanos, Ana Cecilia Montero, dialogó con MEDIOS RIOJA y advirtió sobre el malestar generalizado del sector respecto a la adhesión forzosa al régimen previsional. En paralelo, la Justicia intervino a través de una medida cautelar para ordenar el cumplimiento del marco legal y la autonomía institucional.
El conflicto institucional en torno al funcionamiento y la modalidad de la Caja Notarial escaló en las últimas horas, poniendo de relieve una profunda división dentro del Colegio de Escribanos de la Provincia.
Según detalló la presidenta de la institución, Ana Cecilia Montero, más del 85% de los profesionales del sector cuestiona la ley vigente —implementada desde el mes de febrero— debido a la imposición de una adhesión obligatoria que gran parte del padrón rechaza de plano.
Críticas a la gestión anterior y falta de diálogo
Montero fue categórica al señalar que la administración precedente del Colegio de Escribanos falló al «no dar el espacio necesario para escuchar a quienes no estaban de acuerdo con la implementación» del sistema previsional.
A este déficit de consenso político e institucional se suman severos cuestionamientos sobre el funcionamiento operativo de la entidad. «La administración de la Caja Notarial deja mucho que dejar», advierten desde el sector colegiado, reflejando el descontento de los profesionales que denuncian falta de transparencia y exclusión en la toma de decisiones.
En la misma línea, uno de los puntos que genera mayor fricción entre los matriculados es el impedimento reglamentario en las asambleas, donde —según denuncian— solamente se permite la participación y asistencia de aquellos escribanos que ya realizan aportes obligatorios a la caja, marginando a la voz disidente de la discusión interna.
El plano judicial: la decisión de la Cámara
En medio de este escenario de alta tensión gremial y asamblearia, la Justicia intervino formalmente.
La Sala 3 de la Cámara Primera de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Ana Carolina Curtis, dispuso mediante una medida cautelar que se respete y cumpla estrictamente la legislación vigente, velando por la legalidad y la autonomía financiera de la Caja Notarial del Colegio de Escribanos, en un fallo que busca llevar claridad jurídica mientras el sector presiona por una revisión integral del sistema para que este pase a ser de carácter voluntario.