Desde el Ministerio de Justicia que comanda Martín Soria reclamaron que se investiguen «las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario británico Joe Lewis».
El ministro de Justicia, Martín Soria, amplió hoy la denuncia contra los jueces federales y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido (Rio Negro) en octubre pasado y reclamó que se investiguen «las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario británico Joe Lewis» adoptadas con posterioridad al viaje, como así también los intentos de los imputados de ocultar la escapada patagónica.
Se trata de la causa por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «dádivas» iniciada luego de que saliera a la luz ese viaje del que participaron, entre otros, los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (Casación), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo); el exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D´alessandro y directivos del Grupo Clarín.
En el afán de comprobar si existió una maniobra para ocultar el viaje, el ministro reclamó que se secuestren los celulares de los imputados, luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer versiones que los propios involucrados intentaron instalar con el objetivo de sostener que se trató de un paseo financiado por cada uno de ellos.
“La idea de los sindicados era instalar la versión de la simple realización de un viaje de placer por parte de un grupo de amigos, costeado por cada uno de ellos, y que nada tuviera que ver con intereses espurios, ni financiamientos prohibidos”, remarcó.
Planteó además que «otro hecho que corrobora la veracidad de la denuncia original es el intento de manipulación -por parte de los sindicados- de periodistas y de medios de comunicación para establecer versiones de los hechos que hicieran parecer a las acciones delictivas llevadas adelante por la comitiva como carentes de ilegalidad”.
“Esta actividad por parte de los aquí denunciados se vio reflejada en un buen número de notas periodísticas, que dieron cuenta las maniobras que varios de ellos llevaron a cabo con la finalidad de ocultar la existencia del viaje a los ojos del público en general”, sostuvo el funcionario nacional.
La ampliación de la denuncia fue informada por el propio ministro de Justicia en sus redes sociales, donde anunció: «La presentación solicita investigar, entre otros hechos, las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario Joe Lewis dictadas con posterioridad al viaje, así como el intento de los imputados de manipular medios y periodistas para ocultar su accionar ilícito».
“El 14 de noviembre del 2022, a menos de un mes calendario de concretarse las supuestas dádivas y tráfico de influencias que vuestra señoría investiga, el Juez Federal benefició a la empresa de la cual el sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey -también sindicado en autos por haber participado del viaje a Bariloche-, es director de Asuntos Legales e Institucionales”, reseñó Soria.
Entre otros ejemplos, también mencionó que “el 21 de octubre de 2022, a menos de una semana de retornar del sur de nuestra Patria, los abogados de Clarín exigieron celeridad a Cayssials a la hora de definir su competencia en la causa judicial en la que tramita una deuda de Papel Prensa con la AFIP, o si debía excusarse”, a lo que respondió “tan solo 7 días más tarde”.
“Haciendo honores a la rapidez reclamada por los abogados del grupo con los cuales el juez viaja y se encuentra en Lago Escondido, Cayssials estableció ´la competencia del Juzgado para entender en las presentes actuaciones´, resolviendo justamente la situación pretendida por este grupo”, sostuvo Soria.
Remarcó incluso que “tan escandalosa fueron estas intervenciones de Cayssials que, una semana después de que las mismas se hicieran públicas a través de los medios de comunicación, no le quedó otra alternativa que excusarse en una de esas causas”.
El escrito presentado hoy amplió la denuncia interpuesta por Soria el 7 de diciembre pasado, cumpliendo instrucciones del presidente Alberto Fernández, en el episodio que investiga el viaje presuntamente pagado por el grupo Clarín a jueces y funcionarios.
Al viaje patagónico asistieron Ercolini, Carlos Mahiques, Yadarola, Cayssials, el exministro porteño D´alessandro y el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; todos ellos imputados penalmente en diciembre pasado por la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare.
En el mismo trámite, por el ofrecimiento de «dádivas», la fiscal involucró en la causa a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.
Según informó hoy oficialmente el Ministerio de Justicia, la ampliación de denuncia «expone la decisión coordinada de los integrantes del vuelo privado, con destino al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos».
Para fundar esta afirmación, Soria aportó las publicaciones que dieron cuenta de que «los magistrados habrían reconocido ser beneficiados por este viaje sin tener que haber abonado nada a cambio».
Otro de los reclamos del Gobierno es que se investigue si el juez Ercolini incurrió en un accionar irregular cuando no se excusó de intervenir en una denuncia presentada por un abogado para que se investigue una filtración de los chats de Marcelo D´alessandro: el magistrado no se excusó (tampoco realizó movimiento alguno) y así facilitó que el caso llegara a manos del juez Sebastián Ramos quien finalmente la archivó a requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, durante la feria judicial.
“En mi rol de ministro de Justicia y Derechos Humanos, no puedo dejar de advertir que en causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad”, afirmó Soria al promover la ampliación de la denuncia. (Télam)