Por las manifestaciones ya hay al menos seis personas muertas. En tres regiones del país se declaró el estado de emergencia. La presidenta en funciones propuso adelantar las elecciones a diciembre de 2023.
El Gobierno de Perú desplegó el Ejército en el país ante las protestas por la destitución del ahora ex presidente Pedro Castillo. Por las manifestaciones ya hay al menos seis muertos y aseguran que «la situación es grave y preocupante». En tres regiones del país se declaró el estado de emergencia y cinco gobernadores ya apoyaron la convocatoria inmediata a elecciones. Atenta a la profundización de la crisis, la presidenta en funciones, Dina Boluarte, hizo una nueva propuesta de adelantamiento de los comicios, para diciembre de 2023. Mientras el Gobierno espera a ver la reacción popular, Castillo pidió a CIDH intervenir ante su encarcelamiento por rebelión.
“Anoche nos hemos reunido con el Consejo Nacional, de ahí hemos sacado algunos acuerdos. Estuvo presente el presidente del JNE, el presidente del Congreso. Instituciones de quienes depende verificar todos los tiempos de este adelanto de elecciones que ya he planteado, y legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023″, informó Boluarte ante la prensa.
Poco antes, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, había anunciado que «se va a declarar en emergencia la red vial nacional, para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos«. Lo confirmó a su salida de una reunión del Consejo de Estado en Lima. El ministro agregó que «se ha dispuesto la inmediata protección de las Fuerzas Armadas de puntos estratégicos nacionales, infraestructura que sirve para asegurar la vida de todos los peruanos».
Otárola también informó de la decisión del Ejecutivo de la nueva presidenta Dina Boluarte declarar en estado de emergencia a las regiones sureñas de Arequipa e Ica en aras de «restablecer el orden público». Detalló que «los departamentos de Arequipa y de Ica se suman a la emergencia decretada (esta semana) en Andahuaylas», una provincia del departamento de Apurímac.
Esto permitirá «que las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional puedan tomar el control del orden interno», agregó en declaraciones a medios, informó la agencia de noticias Europa Press.
El ministro dijo que la situación del país era «grave y preocupante», aunque recalcó que, con esa preocupación, tienen la «responsabilidad constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos».
La decisión del Gobierno de Perú tiene lugar en medio de la represión policial a los manifestantes a causa de las protestas que se están registrando en el país tras la destitución y la detención del expresidente Castillo. Hasta la fecha, las protestas, en las que se pide al nuevo Ejecutivo que disuelva el Congreso y convoque elecciones presidenciales, se han cobrado la vida de al menos seis personas, según la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Castillo pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el intento de la justicia de darle prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. «¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», indicó Castillo a través de su cuenta de Twitter.
Asimismo, el ex mandatario responsabilizó a los jueces y fiscales de lo que sucede en Perú durante las protestas sociales desatadas desde el pasado fin de semana, con saldo actualizado de siete civiles muertos. Castillo firmó su comunicación como «presidente constitucional del Perú».
El miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un «gobierno de excepción», sin el apoyo de su gabinete ni de las instituciones ni del resto de la clase política. Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó por «incapacidad moral permanente para ejercer el cargo», y por sucesión constitucional, nombró como nueva jefa de Estado a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Fuente: El Destape