El Gobierno nacional envió al Congreso la propuesta de reestructuración de los U$S 45.000 millones en bonos ley argentina. Como había adelantado el ministro de Economía, Martín Guzmán, se realizó con las mismas condiciones que la última oferta de canje para los títulos extranjeros. Este proyecto les mete presión a los acreedores que aún se muestran reticentes a aceptar las condiciones planteadas.
A última hora del jueves entró en el Parlamento el escrito del ejecutivo para modificar el perfil de la deuda emitida bajo legislación local por U$S 45.346 millones, de los que cerca de U$S 20.000 millones se encuentran en manos de privados. La mayoría está a nombre de organismos públicos como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al que el macrismo le destruyó la mitad de su patrimonio. Su actual titular, Lisandro Cleri, debe decidir la mejor estrategia para los títulos reperfilados que le dejó Cambiemos y cómo naufragar en una entidad que pasó de incrementar sus activos de forma continua a perder U$S 30.000 millones en cuatro años.
Argentina propuso exactamente el mismo menú de títulos que se ofrecieron en la última propuesta presentada a los acreedores externos, a excepción del bono a 2046. A su vez, incluye una opción para que puedan optar por canjear sus bonos por títulos en pesos con ajuste por CER los tenedores de Letes, AO20, AY24 y BONAR 2023, además de los AY20 y AD22 que tiene el sector público.
“La oferta sorprende por buena, el flujo es igual a lo ofrecido a los bonos ley exterior. Guzmán cumplió su palabra”, apuntó Antonio Sesin, de DSFA. “Considerando ultimas regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) respecto a valuación de los fondos comunes de inversión y lo que pensamos que va a hacer el FGS, se va a armar un tramo medio de la curva de bonos CER con buen volumen. Eso va a seguir apuntalando este producto que se define claramente como el preferido de la administración actual”, aclaró el experto operador en relación a los títulos que ajustan por inflación.
BlackRock, el grupo Ad Hoc y otros bonistas rechazaron todas las mejoras que aplicó el Gobierno en las negociaciones. Si bien se esperaba que el proyecto de ley se envíe después de cerrado el capítulo externo, el debate en el Congreso le mete presión a estos acreedores por los incentivos que propone para quienes acepten al comienzo.
El Palacio de Hacienda considerará con un bono a 2030 al 1% el interés corrido de cada título elegible desde la fecha de último pago hasta el 4 de septiembre de 2020 si los bonos son presentados antes de la fecha límite. En cambio, sólo será hasta el 6 de abril si se acepta el canje después.
El objetivo de Guzmán consiste en tener cerrado el capítulo de deuda para colocar los nuevos papeles el 4 de septiembre. Ahora el Legislativo deberá debatir este proyecto, que se descuenta será aprobado para que el Gobierno realice la presentación formal a los bonistas en agosto.
