Condenaron a 9 años de cárcel a un hombre que “compró” a una mujer con discapacidad en San Juan. La obligaba a vender en la calle y la explotaba sexualmente.
Un hombre de la comunidad gitana fue sentenciado a la pena de nueve años de prisión por someter a una mujer con discapacidad intelectual a una unión forzada de hecho y a trata laboral y sexual en la provincia de San Juan.
De acuerdo a la información del sitio fiscales.gob.ar, el condenado, identificado como Roberto Espiro Mitar, fue considerado culpable por “comprar” a la damnificada en enero de 2023 y de explotarla durante dos meses.
La víctima -y diversos testigos-, quien radicó la denuncia luego de que pueda escapar como consecuencia de un descuido del delincuente, señaló que era obligada a trabajar como vendedora ambulante y forzada a mantener relaciones sexuales con varias personas.
El juez Daniel Roffo consignó que el integrante de la comunidad gitana cometió los delitos entre un momento de enero y el 12 de marzo de 2023.
Espiro Mitar utilizó la coerción con el objetivo de someter a la afectada para que desempeñe funciones de servicio y limpieza para la familia, como así también a comerciar de manera ambulante, siempre acompañada, para entregar el dinero percibido a los padres del responsable.
A su vez, el agresor obligó a que le quitaran en una sala médica el chip hormonal anticonceptivo que la mujer tenía.
Además, el hombre también deberá pagar una indemnización de $4.270.335,50 en concepto de reparación por el daño psicológico y a la integridad física, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 del Código Penal, tras el pedido del fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal San Juan, Fernando Alcaraz, y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.
Los funcionarios judiciales fundamentaron que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género y llegó a establecer la cifra del resarcimiento mediante la colaboración en el caso de la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María Fernanda Bergalli.
Los fiscales comprobaron que el gitano, junto a su familia y el defensor que lo representó al principio del proceso, se comunicó con la damnificada en la provincia de San Luis y la trasladó hasta una escribanía para firmar un documento mediante el que rectificaba la denuncia realizada seis meses antes. En este contexto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó que se lleve a cabo una segunda testimonial en Cámara Gesell.
La mujer reveló que mintió bajo la excusa de tener celos del acusado, declaración que fue considerada por la fiscalía con las manifestaciones implementadas en una tercera Cámara Gesell -que se le tomó a la afectada en la justicia federal de San Luis-.
NA