Se trata del secretario general de Apjae, Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, ambos sospechosos de ocultar una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita murió.
La Justicia Federal de Tucumán imputó a los titulares de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía nacional y de la provincia por encubrimiento del caso María de los Ángeles «Marita» Verón, desaparecida hace 21 años, en el marco de la investigación que indaga si la joven está muerta.
Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), Norberto Manzano, y de su par en Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes fueron convocados el viernes a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los sindicalistas no declararon, pero sí presentaron un escrito y la Justicia resolvió imputarlos por ser sospechosos de ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo de Marita.
«Se les imputa el delito de encubrimiento, ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia», dijo a Télam Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida.
El pasado 9 de agosto Trimarco convocó a una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán, luego de que trascendiera información sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición, relacionadas con la existencia de una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita murió y que en el hecho habría vinculación de «sectores gremiales».
Acompañada por sus abogados, José D’Antona y Garmendia, Trimarco señaló que las pruebas recolectadas les permiten sostener que la carpeta con las fotos «existe o ha existido» porque en total son «diez personas» que revelaron la misma información, y confirmó que «Luz y Fuerza y otros gremios pequeños están involucrados».
Según contó Garmendia sobre los hechos que se denuncian, «en marzo de este año tuvo lugar una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta. De acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica».
Además, Manzano habría contado en ese encuentro que «la documentación había llegado a sus manos través de Rojas, quien se la había sacado anteriormente a Julio Luna, en ese entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán. Manzano utilizaba la carpeta en contra de Luna en una puja por los afiliados», agregó el abogado.
Garmendia sostuvo que «se pudo acreditar que la reunión existió, que Manzano se hizo de esa carpeta y sus dichos en la misma».
Luz Médica, ubicada en la capital tucumana, fue fundada por Luna, quien tuvo una larga carrera como dirigente de Luz y Fuerza y murió en diciembre de 2020, después de permanecer internado por una infección agravada por Covid-19, por lo que la clínica quedó en manos de su familia.
La desaparición de Marita Verón
Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Las investigaciones que encaró Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
El 16 de agosto el Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Marita.
«Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante», indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial.