La Fundación Apolo acompañó a las víctimas de un entramado de corrupción en Santiago del Estero, denunciando el grave panorama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«El poder político provincial, en connivencia con el narcotráfico, ha cooptado las instituciones y sometido a la población mediante actos mafiosos, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, violencia policial, abusos sexuales e incluso desapariciones de personas», denuncian desde la Fundación Apolo, una entidad privada sin fines de lucro, independiente de todo grupo religioso, empresarial y gubernamental.
«Medios de comunicación, sindicatos, la Iglesia, universidades, asociaciones profesionales, clubes y hasta ONG han sido condicionados por este sistema corrupto. El Consejo de la Magistratura, diseñado a medida del Ejecutivo provincial, asegura impunidad absoluta», señalan.
«El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y su círculo de poder han extendido su influencia incluso a la Justicia Federal: la ciudadanía queda desprotegida, sin canales institucionales para defender sus derechos», agregan en un comunicado difundido a través de sus sociales.
Junto a familiares de víctimas y con el liderazgo del Dr. José Lucas Magioncalda, el Dr. Paulo Vitaver y la Dra. Jimena Castiñeira Arce, la Fundación Apolo presentó una denuncia ante la CIDH para que ese organismo internacional investigue la vulneración sistemática de derechos humanos en Santiago del Estero.
«Es momento de alzar la voz contra el abuso de poder y luchar por una provincia libre de opresión y corrupción», indicó el abogado Magioncalda.