El juez Ariel Sebastián Bacco, a cargo de la sala unipersonal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, resolvió, mediante un juicio abreviado, declarar autor penalmente culpable y responsable a Jonathan M. F. de los delitos de “Hurto -dos hechos- y Desobediencia a la Autoridad en Concurso Real” y, condenarlo a la pena de prisión de un año y seis meses de cumplimiento efectivo.
A continuación, declaró al condenado como Reincidente por primera vez, quedando este sin posibilidades de obtención de la Libertad Condicional, de acuerdo a los artículos 14 y 50 del Código Pena.
Detalle de los hechos:
El primero, aconteció el 02 de diciembre del 2021, entre las 20:05 y 21.05, cuando el condenado de 24 años de edad en la actualidad, ingresó a un domicilio del barrio Emeli Bestani y se apodero de una (01) garrafa de 10 kg.
El segundo hecho, tuvo lugar el 27 de julio del 2022, a las 16:30, oportunidad en la que, con la excusa de comprar un teléfono celular, se reunió con dos personas en la intersección de calles Arquitecto Fernando Gómez y Maruca Revuelta del barrio Emili Bestani y allí les solicitó que le presten el aparato para verificarlo y mostrárselo a un familiar que supuestamente se encontraba en el interior de una vivienda. Al momento en que la damnificada se lo entregó, éste comenzó a caminar y luego emprendió la huida.
El último delito, fue perpetrado el 28 de julio del 2022, alrededor de las 16:30 horas, cuando tres efectivos policiales se hicieron presente en el domicilio del condenado, para verificar que el mismo se encontrara en el lugar, puesto que contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria. Al notar su ausencia, los uniformados iniciaron su búsqueda y tras 30 minutos, divisaron a Jonathan M. F. circulando en una motocicleta, quien, al notar la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, dejando el rodado y procediendo a saltar tapias hasta llegar a su vivienda, donde finalmente fue aprehendido.
El juicio abreviado es un procedimiento legal y válido para dictar una sentencia, sea o no condenatoria; para el cual debe existir un acuerdo entre: un representante del Ministerio Público fiscal, el imputado y su defensor (público o privado) y la Querella si la hubiere.