Esta semana se enviaría al Congreso un proyecto de modificación de leyes que afectan a los jubilados.
Durante el transcurso de la semana pasada -y posiblemente en esta también-, mucho se hablado de las posibles reformas al régimen de jubilaciones actual, principalmente en lo que refiere a la ley de movilidad. Lo que se sabe hasta ahora es que el Gobierno va a pedirle al Congreso que suspenda la ley de movilidad jubilatoria actual por el término de un año, mientras se discute una nueva fórmula.
Lo cierto es que los jubilados vienen perdiendo un 90% (los que no recibieron bono) durante los 57 meses que tiene de vigencia la ley de movilidad sancionada en diciembre del 2020 y puesta en vigencia desde marzo del 2021.
Si se tomara la evolución de la jubilación mínima respecto de la inflación, el haber de la misma tendría que ser de $160.000, lejos de la cifra de $105.000 actuales pero aún así escasa.
Queda definir entonces, si se acepta dicha suspensión y de cuánto seria el porcentaje de aumento que dará el Gobierno mientras dure esa suspensión (y en qué fechas las otorgará).
Otro de los puntos a tratarse será cómo se va a llegar a un ahorro del 0.4% en el presupuesto de Anses: se habla de varios puntos: 1) la eliminación o ajuste de quienes pueden ingresar a las dos moratorias vigentes hasta marzo del 2025; 2) la revisión de todos los regímenes de insalubridad o especiales; 3) la revisión de la pensiones por fallecimiento de los convivientes.
Cabe aclarar que ninguna de estas cuestiones afectan derecho adquiridos, con lo cual aquél que esté pensionado (aun no habiéndose casado) o aquel que esté jubilado con la moratoria, no perdería su derecho, sino que, de aprobarse, sería para los que adquieran el derecho en el futuro.