El Juez Federal Jorge Chamia, dialogó con MEDIOS RIOJA y cuestionó el control del Servicio Penitenciario Provincial tras conocerse que un interno condenado por abuso se recibió de psicopedagogo, utilizando herramientas que podrían facilitar nuevos delitos.
Tras la reciente controversia generada por el caso de un interno que obtuvo su título de psicopedagogo mientras cumplía una condena por abuso, el Juez Federal Jorge Chamia rompió el silencio y apuntó contra el control ejercido por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y la ejecución penal.
«El sistema debió dirigir su formación hacia áreas donde no tuviera contacto con niños ni personas vulnerables», señaló el magistrado, advirtiendo que las herramientas de la profesión que el interno cursó coinciden con la naturaleza de los delitos que cometió.
El Juez Chamia aclaró que, aunque el estudio es un derecho fundamental respaldado por la Ley 24.660, existe una responsabilidad estatal ineludible en el seguimiento del interno. En este caso particular, el condenado, identificado como Pereyra Fincatti, utilizó las herramientas de la profesión que estaba cursando para perpetrar los delitos por los cuales fue sentenciado en 2022.
Según el magistrado, el fallo unánime del tribunal contemplaba la necesidad de un tratamiento psicológico especializado que debía ser supervisado de cerca. «Si llega una persona al SPP con una condena por hechos contra menores, lo primero que hay que leer es la sentencia. El sistema de ejecución debería haber visto lo que estaba sucediendo», enfatizó.
La limitación legal y el proceso judicial Chamia aclaró tres puntos fundamentales que despejan dudas sobre la actuación del Tribunal:
- Sentencia no firme: Recordó que la causa se encuentra actualmente en la instancia de Casación.
- Imposibilidad de inhabilitación previa: No se pudo inhabilitar al interno para ejercer la profesión en 2022 porque, al momento de la condena, aún no contaba con el título.
- Derecho a la educación: Explicó que no se puede exigir a las casas de estudio que nieguen la formación, ya que el derecho a estudiar es universal.
El Juez Federal dejó abierta la puerta a una revisión de la actuación de las autoridades penitenciarias, planteando dudas sobre si se notificó debidamente a la querella y a la familia de la víctima, tal como lo exige la normativa vigente. «No puedo adelantarme a una denuncia, pero hay que evaluar si se omitió el seguimiento adecuado de las condiciones de ejecución de la pena», concluyó.