Aprobada la admisibilidad de los proyectos, la comisión se volverá a reunir el próximo jueves a las 11 para fijar el cronograma de trabajo.
Pasó lo que se sabía que iba a pasar: el Frente de Todos hizo valer su mayoría en la comisión de Juicio Político y, aprobando la admisibilidad del proceso de destitución a los jueces de la Corte Suprema, cumplió con su primer objetivo. Ahora se abre la etapa de investigación, la más importante para el oficialismo, la que espera que sirva como precedente para el futuro. El próximo jueves a las 11 la comisión volverá a reunirse para definir el cronograma de trabajo: un impasse para que el FdT pueda terminar de unificar su estrategia. Y es que en la bancada oficialista todavía pulúan distintas miradas sobre cómo encarar el proceso de recolección de pruebas. Las estrategias varían sector a sector – unos más combativos, otros más prudentes -, pero una cosa es segura: el hilo conductor de toda la investigación serán los chats de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro.
«Nosotros estamos consiguiendo lo que vinimos a buscar», sostenía, satisfecho, un diputado oficialista a la salida de la reunión de comisión que aprobó, el jueves, la admisibilidad del juicio político a la Corte. La conducción del FdT está conforme con cómo se desarrolló la primera etapa. Primero, porque Juntos por el Cambio decidió participar de todo el proceso: «Lo legitimaron y encima demostraron que son los abogados defensores de la Corte», aseguraron desde la bancada oficialista. Y, segundo, porque consideran que sus legisladores lograron ofrecer un frente unido mientras que la oposición se mostró dividida. Ahora, sin embargo, empieza otra historia.
La etapa de recolección de prueba será extensa, compleja y – para muchos – factible de ser judicializable. «Un chicle que se va a estirar y estirar», advierte una espada frentetodista. En principio, el plan de la conducción de la comisión, a cargo de Carolina Gaillard, es establecer un cronograma de trabajo que divida los encuentros según las distintas causales y, luego, para cada causal, hacer un apartado específico que determine la responsabilidad específica de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Son más de 60 denuncias agrupadas en 14 pedidos de juicio político, aunque las más importantes son cuatro: el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, el cómputo del 2×1 para el represor Luis Muiña y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
El FdT ya tiene establecido un sistema de trabajo. Dos o tres veces por semana, les integrantes de la comisión de Juicio Político se reúnen en el Congreso (durante horas, a veces). Hay, además, un núcleo duro que está trabajando en el tema 24/7. La mayoría son integrantes de la comisión, pero no todes: están Gaillard y el presidente del bloque, Germán Martínez, el massista Ramiro Gutiérrez, les cristinistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, el chaqueño Juan Manuel Pedrini, el riojano Ricardo Herrera y el pampeano Hernán Pérez Araujo.
Ahora, si el FdT decidió que el próximo encuentro sea solo para definir la hoja de ruta de la nueva etapa es porque todavía hay muchas discusiones internas que no fueron saldadas. Hay diputades que, por ejemplo, sostienen que lo primero que hay que hacer es citar a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, los protagonistas del chat que disparó el pedido de juicio político a la Corte. Otros, en cambio, le dan un vistazo al calendario, piden paciencia y aseguran: «Tiene que ser en marzo». ¿Qué sucede en marzo? «Es un mes con mayor exposición política», afirma un diputado kirchnerista, a quien no se le escapa que, para entonces, todo el mundillo político habrá entrado más intensamente en modo electoral. Pero no es solo por eso: a principio de marzo se conocerán, además, los fundamentos del fallo que condenó a seis años de prisión e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner.
Inevitablemente, el juicio político a la Corte y la campaña electoral estarán íntimamente entrelazadas. El primero funcionará como abono de la segunda y ya existe discusiones respecto a, por ejemplo, cuánto tiempo debería durar la investigación teniendo en cuenta los tiempos electorales. Algunes dirigentes consideran que debería extenderse lo máximo posible. Otres – la mayoría – sostienen que no debería extenderse por más de dos o tres meses. «Deberíamos tener ya un dictamen contundente para mayo, antes del cierre de listas y que te sirva para la campaña», reflexiona un diputado que se sienta en la mesa de toma de decisiones.
Más allá de las especulaciones electorales, por estos días predomina en la comisión de Juicio Político la idea de comenzar la investigación por el fallo de coparticipación. Los primeros testigos comparecerán el jueves 2 de febrero – ya que la semana anterior es semana corta por carnaval – y, entre los diferentes nombres que se barajan, está el del ministro de Interior, «Wado» De Pedro, y el del procurador del Tesoro, Carlos Zanini. El objetivo es que ambos brinden detalles sobre el litigio entre la Ciudad y Nación respecto a la quita de los puntos de coparticipación que Mauricio Macri le había dado a Horacio Rodríguez Larreta (y que una cautelar de la Corte volvió a aumentar).
Luego, en las reuniones subsiguientes, la comisión irá convocando también a funcionarios de la Corte Suprema, constitucionalistas, dirigentes políticos, gobernadores y peritos. En el caso de los jueces acusados, estos podrán comparecer al final del proceso, a modo de defensa, pero no están obligados. Los testigos, en cambio, sí están obligados a comparecer, pero ahí se abre otro debate: ¿qué hacer con los testigos que se nieguen a presentarse? Hay diputados que, como Tailhade, argumentan que hay antecedentes que defienden la idea de que el propio Congreso tiene la facultad de enviar a la fuerza pública a retenerlos. En la conducción de la comisión terminó predominando, sin embargo, la decisión de pedir una orden judicial para los testigos que se declaren en rebeldía.
El caso de Robles y D’Alessandro, más allá de cuándo se decida finalmente que testifiquen, estará presente en cada una de las audiencias. Y es que para el FdT los chats que se filtraron representan el núcleo central de toda la investigación: «Es lo que comprueba que hubo mal desempeño y arbitrariedad en sus fallos. Con Robles y D’Alessandro nosotros podemos comprobar que hubo un vínculo existente entre el Poder Judicial y el gobierno porteño», explicó una diputada que integra la comisión. El verdadero objetivo del oficialismo, más allá de corroborar el mal desempeño de los jueces en los diversos hechos que los acusan, es demostrar que los fallos de la Corte – coparticipación, Consejo de la Magistratura o 2×1 a genocidas – fueron direccionados en un sentido político económico. «Eso es lo central», reiteró la diputada del FdT.
Fuente: Página 12