Argumentan su reclamo, elevado a la jueza Preska, en los antecedentes del Gobierno de evitar sentencias dictadas en los Estados Unidos y en “declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la decisión”.
Beneficiarios del fallo en el caso YPF piden a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, 30 días para comenzar a embargar los activos del Estado. Argumentan su reclamo en los antecedentes del Gobierno de evitar sentencias dictadas en los Estados Unidos y en “declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la sentencia”.
En su momento, “el Estado no cumplió con el estatuto de la petrolera y estaba obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el 49% no expropiado”, escribió el especialista Sebastián Maril en su cuenta de Twitter.
Frente a este escenario en el que ya se anunció que los abogados del Estado apelarán la sentencia, los actores perjudicados por la estatización de la petrolera comenzaron a solicitar embargos.
“Estaba convencido de que Burford iba a esperar a comenzar el proceso de embargos hasta que se conociera la identidad del nuevo Presidente y negociar con sus abogados. Lo que están haciendo con esta carta es que afirmar que no van a demorar el proceso de embargos. Quieren embargar desde ahora”, sostuvo Maril.
Maril agregó: “Están utilizando esta carta como para presionar al Gobierno argentino para que decida qué va a hacer y sentarse a negociar y le están diciendo al próximo gobierno que no le van a hacer la vida fácil. No sé qué va a pasar ni cómo harán para evitar embargos. Argentina debería apelar y poner un bono para evitarlos, pero no tiene dólares para hacerlo”
Entre los ejemplos de embargos en la Argentina, uno de los episodios más resonantes fue el de la Fragata Libertad y los 77 días en las que estuvo detenida en el puerto africano de Tema, Ghana, entre el 4 de octubre y el 12 de diciembre de 2012.
Pero la lista de los bienes argentinos que fueron embargados tras la crisis de 2001 es más extensa y significativa. Algunos inmuebles como la residencia del embajador en Washington y otras 11 propiedades argentinas en los Estados Unidos fueron confiscadas. También la casa-museo donde pasó sus últimos años el Libertador General José de San Martín, en Boulogne Sur Mer, al norte de Francia.