La nueva presidenta dialogó con MEDIOS RIOJA, y destacó que el foco de su gestión estará puesto en la digitalización, la formación de los recursos humanos y la implementación del sistema acusatorio para dejar atrás una justicia «lenta y escrita».
En el marco de la renovación de autoridades del Consejo de la Magistratura, Karina Becerra asumió formalmente la presidencia del organismo autónomo y autárquico. Durante su presentación, la flamante titular delineó los ejes de lo que será su gestión, fuertemente marcada por la modernización del sistema judicial y la capacitación continua de todos los estamentos que lo integran.
«Lo que hay que trabajar es la modernización a través de la digitalización y la capacitación de jueces», definió Becerra, al tiempo que remarcó que las evaluaciones para los postulantes —que incluyen exámenes escritos, orales y un premio incorporado recientemente— buscan determinar de manera rigurosa «cómo ese postulante se encuentra para poder llevar a cabo esa función».
Como principal novedad, la presidenta anunció la creación de la Escuela del Consejo de la Magistratura, un proyecto que no estará limitado exclusivamente a los magistrados, sino «a todo el recurso humano» del Poder Judicial. Según explicó, se buscará contar con «una escuela específica que participe en la capacitación de contenidos para profundizar y ver todo lo que se viene con paquetes de leyes del Ejecutivo, o la implementación del nuevo sistema acusatorio».
Respecto a este último punto, Becerra fue categórica sobre la necesidad de actualizar el marco normativo actual, haciendo hincapié en herramientas como el Código de Familia o el propio régimen penal. Es fundamental avanzar sobre estas normas porque el sistema actual «es vetusto, lento, escrito, y ahora tendremos juicios más rápidos», aseguró, señalando que el cambio significará «una modernización de la justicia».
Agenda pública: Violencia escolar y el proyecto por falsas denuncias
Durante la jornada, también se abordaron problemáticas de fuerte impacto social, como los recientes episodios de violencia en los establecimientos educativos. Al respecto, se constató que «paró la escalada y se van atendiendo las cuestiones».
Haciendo referencia a un caso puntual donde un estudiante portaba un arma, se resaltó la efectividad de los protocolos vigentes que analizan «el antes y el después» de cada hecho, involucrando la intervención de jueces y gabinetes psicológicos y sociológicos. Sin embargo, se dejó en claro dónde debe iniciar la prevención: «El primer faro de contención es la familia, después es el Estado». Asimismo, se apeló a la «responsabilidad social como padres e hijos» para evitar propagar estos hechos en redes, ya que esto «genera un temor» innecesario en la comunidad.
Por último, se analizó el avance del proyecto de ley sobre falsas denuncias, buscando un equilibrio para que «una persona no sea acusada injustamente, y que quien denuncia no quede en la nada».
En ese sentido, se planteó la urgencia de separar los casos de género de los de familia, advirtiendo que los juzgados de género aún siguen bajo la órbita penal tradicional. Ante esto, se defendió la necesidad de un abordaje integral que supere las medidas restrictivas básicas: «No estoy de acuerdo en que solamente le pongan una tobillera, sino también un tratamiento para ambas partes», concluyó, enfatizando que la migración al sistema acusatorio es imperiosa «no por la pena, sino por el procedimiento».