En la antesala del debate legislativo por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a mover fichas y consolidó un frente político-sindical para enfrentar lo que define como una avanzada regresiva sobre los derechos de los trabajadores.
Este lunes, en La Plata, recibió a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en un gesto que profundiza la coordinación con las centrales obreras y se suma a los encuentros previos con la CGT y con gobernadores opositores.
La reunión se dio en un contexto que las organizaciones sindicales describen como de creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo que, según advirtieron, se encuentra entre los más bajos de América Latina.
Del encuentro participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa y dirigentes sindicales como Roberto Baradel (SUTEBA), Daniel Catalano (ATE Capital) y Pablo Maciel (CICOP).
Un rechazo frontal al proyecto libertario
La lectura compartida fue contundente. Para Kicillof y las centrales sindicales, la reforma laboral no constituye un ajuste técnico sino una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores. El gobernador fue explícito durante el encuentro: el proyecto “no tiene ni un solo punto que sea bueno para los trabajadores”.
Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi respaldó esa posición y valoró el planteo integral del mandatario bonaerense. “Desde distintos sectores se propone un discurso que hay elementos destacables y positivos en la reforma. El Gobernador dice que hay que rechazarlo integralmente; que no tiene ningún punto que pueda ser valorado”, afirmó.
Kicillof también advirtió que la iniciativa de la Casa Rosada representa una amenaza directa para el entramado productivo bonaerense, en particular para las pymes industriales, que concentran buena parte del empleo privado en la provincia y ya enfrentan despidos, suspensiones y cierres.
Congreso y calle, la doble estrategia
El encuentro con las CTA se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. Antes, Kicillof se había reunido con gobernadores críticos de la reforma, como Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Ricardo Quintela, además de empresarios pymes. También mantuvo una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el diagnóstico y el rechazo al proyecto oficial.
En ese marco, las centrales coincidieron en la necesidad de articular una doble estrategia: intervención institucional en el Congreso, sumando a gobernadores y legisladores provinciales, y movilización en las calles. El antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales.
Yasky alertó sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: la posibilidad de recrear esquemas similares a las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, De Isasi sostuvo que el desafío excede el rechazo a una ley y apuntó a enfrentar un modelo que, según definió, combina ajuste y transferencia de recursos.
Unidad política y horizonte 2026
El rechazo a la reforma también se expresó a nivel regional. En Mar del Plata, la CGT local, las dos CTA y abogados laboralistas difundieron un documento conjunto en el que advirtieron que el proyecto no generará empleo, abarata los despidos y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva.
En La Plata, además, se analizó el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a quienes no participaron en las últimas elecciones, con el objetivo de construir una alternativa frente al creciente descontento social.
Con el debate legislativo previsto para febrero, Kicillof busca consolidarse como un actor central en la resistencia al proyecto laboral del Gobierno nacional. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una fórmula conocida: unidad, presión parlamentaria y calle.