Unas 500 empresas recibirán intimaciones de la Dirección General de Aduanas para dar explicaciones sobre el pedido, a través de medidas cautelares, de dólares oficiales para la importación de insumos. En medio de la crisis por la disparada del dólar, con déficit en la balanza comercial y la pérdida de reservas en el Banco Central, la Aduana decidió realizar una fiscalización para detectar inconsistencias por el pedido de mercadería que este medio millar de empresas realizaron con urgencia a través de una demanda judicial. Para justificar el pedido judicial, que les hizo saltar el sistema integral del monitoreo de importaciones (SIMI), a los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, detalló la Aduana, a cargo del massista Guillermo Michel, quien suena como un posible integrante del equipo económico de Sergio Massa. Además, las empresas tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes. La notificación da un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada.Desde que comenzó a realizarse un control más estricito del flujo de divisas, durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2014, se fue complejizando en un forum shopping para direccionar las causas hacia los juzgados 6, 8 y 9 del fuero contencioso administrativo que fallan sistemáticamente, con un 90 por ciento de causas, a favor de los importadores.De esta manera, como informó PáginaI12, una empresa que quiere importar determinado producto y no accede a la SIMI para hacerlo realiza múltiples denuncias por una misma importación hasta conseguir que la causa caiga en algunos de los tres juzgados mencionados para obtener un fallo favorable y permitir acceder a los dólares al tipo de cambio oficial. Ese mecanismo le costó al país 1.850 millones de dólares desde enero del 2021 hasta marzo de este año. En todo 2021 y durante los primeros cinco meses de 2022 la Justicia aprobó más de 10.500 medidas cautelares que, en su mayoría, beneficiaron a importadoras.
Las posibles penas por stockearse sin justificación y el caso testigo Con las intimaciones a estas 500 empresas, la Aduana avanzará en la fiscalización y, en caso de incumplimiento, la inconducta «será considerada incursa en la figura prevista y penada por el Código Aduanero». Ese Código prevé apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.Además, se impondrán medidas de control específicas en las empresas en las que se hayan detectado inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada. Quien denunció el mecanismo judicial para lograr hacerse de dólares oficiales a través de maniobras judiciales fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien apuntó que «con este funcionamineto judicial y empresario, Argentina se vuelve una misión imposible». La vicepresidenta hacía referencia a uno de los casos descubiertos por la Aduana, el de la empresa textil Yoko, que obtuvo autorizaciones judiciales, vía medidas cautelares, para importar mercadería salteándose el requisito de validar la declaración del SIMI, y luego el cedió el beneficio a otro textil llamada Tropea.
Fuente: Página12