La Cámara Federal de Casación Penal celebrará el próximo miércoles una audiencia para analizar si Carlos Pedro Tadeo Blaquier está, a sus 94 años, en condiciones de afrontar un juicio por los secuestros y desapariciones ocurridos en 1976 en la zona de influencia del Ingenio Ledesma, la empresa que él dirigió durante décadas. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy lo separó del proceso en abril pasado después de que la causa estuviera seis años frenada en la Corte Suprema.
El presidente de la Sala IV de la Casación, Mariano Borinsky, convocó a una audiencia para la semana próxima. Se sabe que estará acompañado por su colega Javier Carbajo. En los próximos días debería conocerse quién será el tercer magistrado que intervendrá en el debate sobre si Blaquier deberá ser parte del juicio o no.
La sala originalmente está integrada por Gustavo Hornos, que se excusó de intervenir porque él fue uno de los tres camaristas que en 2015 le dictó una falta de mérito a Blaquier. Esa decisión estuvo seis largos años en la Corte hasta que finalmente los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco la anularon y dijeron que Casación había obstaculizado indebidamente el desarrollo de la causa.
En la misma línea de Hornos se excusó Eduardo Riggi, que también había intervenido en la vieja integración. Ayer, Borinsky y Carbajo aceptaron su decisión de apartarse y Borinsky requirió a la presidencia de la Cámara de Casación que se sortee un nuevo juez.
En abril pasado, dos de los integrantes del TOF de Jujuy –los jueces Gabriela Catalano y Abel Fleming –decidieron dejar fuera del juicio a Blaquier después de un largo debate acerca de si estaba en condiciones psíquicas de estar en el banquillo. La tercera integrante del TOF, Alejandra Cataldi, consideró que debían repetirse los estudios sobre el empresario –como habían reclamado la fiscalía y las querellas– y que debía determinarse si Blaquier interviene en la administración de sus empresas.
Los jueces de Jujuy se basaron en el informe del Cuerpo Médico Forense (CMF), que había dicho que, por el deterioro cognitivo que presenta, Blaquier no puede estar en juicio. Los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –que actúa como una de las querellas– llegaron a la misma conclusión.
La historia judicial de Blaquier es una novela de demoras en la que la propia Cámara Federal de Casación tiene un rol principal junto con la propia Corte Suprema. La demora es especialmente grave en casos por hechos sucedidos hace ya 46 años porque los imputados pueden ser nonagenarios como Blaquier y porque muchas de las víctimas se mueren sin acceder a una mínima porción de justicia.
La denuncia sobre el rol de Ledesma durante el terrorismo de Estado lleva décadas y tuvo como emblema a Olga Márquez de Arédez. Por el secuestro de su esposo, Luis, Blaquier está procesado. Recién en 2012, un juez federal –Fernando Poviña– tomó la decisión de avanzar contra el empresario. Lo procesó en dos causas: en una por privaciones ilegales de la libertad ocurridas en los primeros días del golpe de Estado y en otra por los secuestros y desapariciones en las Noches del Apagón de julio de 1976. Entonces, Ledesma proveyó los vehículos y las listas para que los grupos de tareas se llevaran a decenas de personas.
En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos, pero después hizo su entrada en escena Comodoro Py, donde Blaquier logró que le dictaran una falta de mérito. Fue en marzo de 2015, cuando faltaban pocos meses para el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner –que impulsaba la investigación sobre estos hechos–. En ese momento, no hubo solo un retroceso en la causa Ledesma, sino también en las investigaciones sobre Papel Prensa, La Nueva Provincia y Editorial Atlántida.
El fiscal Javier de Luca llevó el caso ante la Corte Suprema. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó para que se continuara con la elevación a juicio de Blaquier. El expediente durmió durante años en el Palacio de la calle Talcahuano hasta que en julio pasado tres de los integrantes del máximo tribunal dijeron que Casación había obstaculizado el avance de una causa emblemática sobre la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces, la defensa de Blaquier –encabezada por el excamarista Jorge Valerga Aráoz– buscó evitar que el empresario se sentara en el banquillo. Más allá de lo que se decida sobre Blaquier, el TOF de Jujuy debe continuar con el proceso contra Alberto Lemos, exadministrador de Ledesma.
Fuente: Página 12