El gobierno de La Libertad Avanza trajo hambre y desesperación en niveles no vistos por su velocidad y profundidad. Toda la política social apunta a consolidar esta nueva radiografía en la que se destacan los casi 2,5 millones de nuevos indigentes. La criminalización de la protesta completa el escenario.
Los 365 días del experimento “liberal-libertario” dejaron varias facetas. Una de ellas es la cuestión social, que aparece constantemente en la discusión política, sobre todo entre los detractores del gobierno de Javier Milei.
El reciente informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) pinta de cuerpo entero la situación del país: el 49,9% de la población es pobre. Casi la mitad del país se encuentra bajo la línea de pobreza: 23 millones de personas. Esto implica un crecimiento de 8 puntos porcentuales y de 4 millones de pobres con respecto a fines de 2023. La indigencia muestra un escenario igual o más dramático: según un informe de noviembre de 2024 del Centro para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la indigencia alcanza a 6 millones de personas y creció un 76% este año (pasó de 3.410.300 personas a 6.012.772).
Una de las problemáticas más importantes son los indicadores de pobreza infantil. Según la UCA, la indigencia en este segmento etario llega hoy casi al 20% y subió casi 3 puntos porcentuales. La pobreza en los menores de 18 años llega al 65,5%, mientras que en 2023 era de 62,9%.
Desde el gobierno, no obstante, hubo ciertos festejos por estos datos. Es que el informe del Indec de septiembre de este año contabilizaba la pobreza en un aumento de 11 puntos porcentuales al cierre del primer semestre, casi en el 53% de la población. La desaceleración de la inflación (menor al 3% mensual en octubre) posiblemente haya sido la causa de esta baja. Pero en tanto no haya una política de aumento de los ingresos, que ni siquiera empardan hoy con la suba de precios (ver página 6), ese nivel de pobreza tenderá a cristalizarse.
La devaluación del 53% en un día, las desregulaciones económicas del DNU 70/2023 y la Ley Bases, la inflación interanual del 193%, la caída del salario mínimo (cerca de un 25%), la baja del salario real y del poder adquisitivo de un 7,8% en el sector privado y un 26,5% en el público (según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, IPyPP) y los despidos son algunas de las causas de este deterioro social. También el profundo recorte fiscal.
Motosierra y licuadora
La motosierra fiscal tuvo entre el filo de sus cadenas las partidas sociales. Un informe del IPyPP estudió el asunto en los primeros doce meses de gobierno.
Indica que el recorte de la partida presupuestaria tomando como referencia 2023 es de 24% en “programas de transferencias de ingresos”. De diez programas o tipos de prestaciones siete cayeron en términos reales. El estudio apunta que se creó uno nuevo este año: los vouchers educativos.
Entre las partidas que aumentaron se encuentran el Programa 1000 días (162%) y el Seguro de Desempleo (116%). El dato es que ambos reflejan un porcentaje muy menor de la participación porcentual total: en la comparativa con 2023, el primero pasa de 0,4% a 1,2% y el segundo de 0,7% a dos.
El único ítem significativo que realmente tuvo un aumento es la Asignación Universal por Hijo (30%), que se duplicó en poder de compra, pero con un atenuante: por las condiciones para acceder al programa, la mayoría de los “beneficiarios” reciben también la prestación Alimentar, que cayó en la ejecución presupuestaria (17%). El poder adquisitivo de estos programas es un 44% mayor en términos reales y está levemente por debajo de principios de 2023. Pero el informe, a su vez, marca un interrogante en relación al futuro: el presupuesto 2025 presenta una derogación de los artículos que hoy calculan los montos, cuya designación quedaría en las manos arbitrarias del Anses.
Todo el resto de las asignaciones sufrieron una fuerte rebaja. La Beca Progresar, única a nivel nacional, pasó de una cobertura de 1.472.438 jóvenes en el primer semestre de 2023 a cubrir 1.023.242 estudiantes en la primera parte de 2024. También cayó su monto real: la partida estuvo congelada hasta agosto y el aumento, en ese mes de 75%, deja a la beca con una caída del 31% interanual. En el presupuesto, la figura del Progresar cayó un 68%.
El Programa Potenciar Trabajo (actualmente dividido en dos: Programa Volver al Trabajo y Programa Acompañamiento Social) sufrió una caída del poder adquisitivo del 58% a partir de mantener congeladas las transferencias, con la licuación de la inflación. La Pensión No Contributiva por invalidez registró una pérdida de 5,7%. Las partidas presupuestarias designadas a las Asignaciones Familiares cayeron un 23% mientras que el programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres y LGBTI+ en riesgo por situaciones de violencia de género, cayó el 87%.