La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional avanza hacia su sanción definitiva en el Senado y la Confederación General del Trabajo ya definió su estrategia: no habrá paro ni movilización masiva el viernes, pero sí una presentación judicial para declarar la “inconstitucionalidad” de la norma.
La decisión fue confirmada por el cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, quien anticipó que el próximo lunes se realizará una presentación formal en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle, acompañada de una movilización de dirigentes y delegados.
Sin paro el viernes y movilización el lunes
Tras una reunión de la mesa chica en la sede de UPCN, la conducción cegetista descartó convocar a un nuevo paro o a una protesta frente al Congreso cuando el Senado trate el proyecto.
La lectura interna es clara: el oficialismo conseguiría los votos necesarios para convertir en ley la iniciativa, por lo que la disputa se trasladará al terreno judicial.
La modalidad elegida replicará la protesta del 27 de diciembre de 2023, cuando la central marchó al Palacio de Tribunales para respaldar la impugnación contra el DNU 70 del gobierno de Javier Milei.
A diferencia de otras convocatorias, no se llamará formalmente a trabajadores y afiliados. La concentración estará encabezada por dirigentes y delegados, en una señal de moderación frente a los sectores más duros del sindicalismo.
Los puntos que la CGT considera inconstitucionales
Si bien Sola no detalló los artículos que serán objetados, adelantó que la presentación se enfocará en “varios puntos que tienen que ver con derechos individuales y colectivos”.
Según explicó, la reforma alteraría tanto la representación gremial como derechos individuales de los trabajadores, en especial en lo vinculado a condiciones laborales, estabilidad y negociación colectiva.
La estrategia jurídica apuntará, según dejaron trascender desde la central, a los “grises” de la norma más que a su totalidad, buscando que la Justicia declare la inconstitucionalidad de artículos específicos.
El diálogo fallido con el Gobierno y gobernadores
La vía judicial llega después de intentos fallidos de negociación con el Ejecutivo y con mandatarios provinciales.
Sola reconoció que la CGT mantuvo conversaciones con 16 gobernadores para frenar, al menos, los puntos más cuestionados del proyecto. “A la luz de los resultados, pareciera que no ha alcanzado”, admitió.
Sin mencionar nombres, el dirigente apuntó contra aquellos mandatarios que habían manifestado coincidencias con las críticas sindicales, pero cuyos legisladores no acompañaron esos planteos en el Congreso.
Tensión interna y críticas del ala dura
La decisión de no convocar a un paro generó cuestionamientos desde sectores sindicales más combativos.
Desde el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que impulsa un paro de 36 horas con movilización, surgieron críticas directas a la conducción cegetista. El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, cuestionó la estrategia de confiar ahora en la Justicia tras haber apostado al Congreso.
“¿Cuándo van a confiar en los trabajadores?”, lanzó, en referencia a la decisión de no profundizar las medidas de fuerza.
Un plan de acción que continuará
Desde la CGT anticiparon que el reclamo no se limitará a la reforma laboral. Sola advirtió que el plan de acción continuará frente a lo que describió como una “gran caída de puestos de trabajo”, la “desaparición de pymes” y el “endeudamiento familiar”.
Con la reforma laboral a punto de convertirse en ley, la central obrera redefine su estrategia: menos paro y más tribunales, en una nueva etapa del conflicto sindical con el Gobierno.