Es en el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros del máximo tribunal en el fallo sobre la coparticipación, pero se resolvió postergarla una semana.
La Comisión de Juicio Político de Diputados retomará el próximo martes el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, con una nueva citación al exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, quien no asistió en las dos oportunidades anteriores y, si no compareciera en esta ocasión, podría ser intimado a concurrir con intervención de un juez.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), había convocado para el martes pasado a las 13 a una nueva reunión en el marco de la causa que investiga el mal desempeño de los miembros de la Corte en el fallo sobre la coparticipación, pero se resolvió postergarla una semana, para este martes a la misma hora, debido a que complicaba la presencia de los diputados por el feriado del lunes 21.
Para ese día, además de D’Alessandro, que afronta su tercera citación, la comisión convocó a Miguel Federico de Lorenzo,secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y a Gabriel Astarloa, procurador general de la Ciudad.
Hasta ahora, según fuentes parlamentarias, ninguno de los convocados se comunicó con las autoridades de la comisión para justificar su ausencia, con lo cual estiman que asistirán.
Al hacer referencia a ese proceso, el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, consideró que esa comisión «está haciendo las cosas bien» y dijo que «no hay ningún estudio técnico que justifique el índice de la coparticipación que se ha establecido para la Ciudad», a la vez que consideró que Sergio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, «hizo un papelón» semanas atrás al comparecer ante los legisladores.
En declaraciones a Diputados TV, Martínez puso de relieve además que «está claro que había una relación promiscua entre D’ Alessandro y Robles, mano derecha de Rosatti, que vino acá e hizo un papelón, le hizo un perjuicio enorme» al presidente de la Corte.
En la última reunión, y ante una nueva ausencia de D’Alessandro, el oficialismo propuso que se adopte «la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente», debido a que, de no asistir, se trataría del tercer rechazo.
Gaillard recordó que esa misma situación se había dado con Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado, luego de que un juez le notificara de que debía presentarse a declarar, tras haber sido citado en tres oportunidades.
En el oficialismo sospechan que D’Alessandro habría intercambiado chats a través de WhatsApp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En la última reunión de la comisión, que se desarrolló sin la presencia de la oposición, que denunció la existencia de «nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos», se aprobó además un pedido para solicitar a la Corte Suprema sanciones a Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, y quien concurrió semanas atrás a la comisión pero se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como «reticente a aportar información» y pidió que se lo sancionara.
En el marco de la reunión, y respecto al fallo sobre coparticipación, Gaillard justificó el mal desempeño de los integrantes de la Corte en esa causa y leyó un escrito de la comisión en el que los legisladores sostienen que se trata de «una resolución arbitraria que contiene vicios jurídicos», donde se omitió -entre otras cuestiones- la intervención de las provincias y la ausencia de pautas objetivas en la determinación del porcentaje.
El expediente que analiza la comisión de Juicio Político está basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso el pasado 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pagara a la administración porteña el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.