La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles avanzar en el juicio por un bloqueo que había llevado adelante en 2021 el sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano en la sede de una empresa por un reclamo de encuadramiento laboral de sus empleados.
Los sindicalistas habían sido sobreseídos cuando el caso había sido elevado a juicio oral, pero ahora los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al pedido del empresario afectado y avalaron el avance de la causa.
Carlos Dos Reis, en nombre de la empresa Química Oeste, denunció que el 10 de mayo de 2021 apareció ante el depósito de la firma un grupo de unas diez personas que se bajaron de 3 autos particulares y colocaron allí una bandera que llevaba inscripto “Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande”.
Al mismo tiempo, dijeron: «De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar», mientras impedían la salida a los camiones y el ingreso de los empleados a la empresa. Luego llegaron más manifestantes y se instalaron en el lugar.
Al día siguiente, llegaron al depósito de Química Oeste más camiones con contenedores y también se les impidió el ingreso, como también a “una cantidad importante de clientes que llegaban con sus transportes para retirar la mercadería”, comentó el empresario Dos Reis.
El bloqueo siguió durante días impidiendo el normal funcionamiento de la empresa hasta el 18 de mayo al mediodía, cuando la policía bonaerense formó un cordón para permitir la entrada y salida de camiones, y la protesta se levantó ese mismo día por la noche.
El empresario hizo la denuncia penal por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo contra los manifestantes, que, según la empresa, procuraban tener el número suficiente de representantes para poder elegir un delegado propio.
Para la abogada denunciante, María Florencia Arieto, se trató de “un reclamo laboral inventado”. Según se afirmó, el bloqueo sindical le ocasionó a Química Oeste una pérdida de “varios millones de pesos por día” y al sector petrolero, un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos.
En la causa fue imputado Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande de Camioneros, junto a Fernando Emmanuel Arzola, Aldo Guerrero Wertel, Ulises Reinaldo Rodas, Miguel Ángel Acosta, Sergio Javier Pogonza, Roberto Casal, Humberto Castaño y otros empleados de «Química Oeste S.A” por llevar adelante comportamientos violentos y amenazantes, con un plan previamente delineado, en la puerta de la empresa, sostuvo la fiscalía.
El 18 de octubre de 2022, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora rechazó el sobreseimiento solicitado y concedió la elevación a juicio en los términos requeridos por el Ministerio Público Fiscal.
Pero la defensa apeló y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora resolvió revocar el auto de elevación de las actuaciones juicio y sobreseer totalmente a los imputados por entender que no se había demostrado la existencia de conductas violentas y amenazantes tendientes a turbar la posesión.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso extraordinario federal en queja, en donde se insistió en que se había realizado una interpretación arbitraria en relación al ejercicio del derecho a huelga que, a su vez, implicaba la afectación de derechos constitucionales: el derecho a trabajar, a ejercer la industria lícita y a la inviolabilidad de la propiedad privada.
En ese contexto, el máximo tribunal resolvió hacer lugar al recurso y con esta decisión, el caso debería volver a avanzar hacia el juicio oral.
NA