Se trata de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, que habían sido excarcelados. A través de Twitter, la vicepresidenta reclamó a los jueces «unificar causas y detener a todos los responsables».
La defensa de Cristina Kirchner pidió la detención de tres miembros de Revolución Federal. Se trata de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quienes habían sido excarcelados en la causa por amenazas contra la vicepresidenta.
«Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado ‘Revolución Federal’, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra», anunció Cristina a través de Twitter.
Los últimos informes se centraron en los teléfonos de los acusados. «De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso», señaló la vicepresidenta.
«¿Qué más necesitarán Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables», concluyó.
Qué dice la presentación de los abogados de Cristina Kirchner
Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, representantes de Cristina Kirchner, pidieron a la Justicia «profundizar ciertas líneas de investigación». Su reclamo se basa en los informes que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó sobre los teléfonos de Morel, Sosa y Guerra.
Aseguraron que de esa información surge «la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre». Por eso pidieron «la producción de pruebas que permitan acreditar o descartar la relación entre ambos expedientes».
«A esto se suma que el contenido de los mensajes recabados obliga a disponer, nuevamente, las detenciones de Morel, Sosa y Guerra. Finalmente, corresponde continuar investigando la senda del financiamiento, que nunca ha sido explicada por el Grupo Caputo», señalaron los abogados.
Ubeira y Aldázabal también pidieron que «se dicte el secreto de sumario hasta tanto se produzcan las pruebas y medidas solicitadas».
Fuente: C5N