La fuerza policial de la provincia fue denunciada por realizar un allanamiento donde maltrataron a un niño y una adolescente, todo lo ocurrido fue en el marco de las jornadas de protestas que se desataron en Jujuy por la reforma constitucional.
La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes denunció penalmente a miembros de las fuerzas de seguridad de Jujuy por «apremios ilegales y/o malos tratos y torturas» contra una niña de 6 años y una adolescente de 17, en un allanamiento realizado durante las protestas populares en esa provincia contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
El organismo, a cargo de la Defensora de los Niños, Marisa Graham y del Defensor Adjunto Juan Facundo Fernández, difundió la presentación realizada ante la justicia penal de Jujuy sobre los hechos ocurridos el miércoles a la madrugada en la capital provincial.
«Siendo las 01.30 am personal civil sin identificación, refiriendo que eran efectivos policiales, irrumpieron de manera violenta en el domicilio particular de la familia», reportaron en la denuncia y señalaron que «en tal sentido, manifiestan que dicho personal adujo que estaban dando cumplimiento a una orden de allanamiento que en ningún momento fue exhibida a los presentes pese haber sido requerida enérgicamente».
«Del mismo modo tampoco informaron quién habría emitido la orden, en el marco de que causa, los motivos del mismo ni los objetos que con dicho allanamiento se pretendía dar», informaron en la denuncia.
Asimismo, refirieron que la familia sostuvo que participaron aproximadamente 16 efectivos, 8 vestidos de civil, e indicaron que rompieron la puerta y ordenaron a los presentes a que se tiraran al piso a punta de arma.
En la casa, al momento del hecho, había 8 personas, tres menores de edad de 6, 16 y 17 años. Fueron apuntados con armas, incluida la niña de 6 años, quien lloraba rogando que no le disparen, señaló el informe.
Todo el grupo esposado
La familia informó a la Defensoría que todos fueron esposados, excepto el padre, mientras que el resto del grupo familiar fue golpeado y maltratado.
«En particular, señalan el trato vejatorio, degradante y humillante que sufrieron los adultos y la adolescente de 17 años, que fueron obligados a realizar desnudo total y ponerse en cuclillas para revisar cavidades íntimas, todo ello ante todos los presentes: la familia, el personal policial y los presuntos testigos convocados para el allanamiento», sostuvo la Defensoría en su denuncia.
La familia denunció que la policía estuvo varias horas revisando la casa y en ese contexto implantaron 2 gramos de cocaína y una balanza que no se encontraban allí previamente, según el reporte.
«La adolescente de 17 años dijo que la droga y la balanza encontradas eran de ella, a pesar de haber sido ‘plantada’ por la policía, para evitar que se lleven al joven mayor de edad de la familia», relataron desde el organismo.
«Luego de 5 horas, aproximadamente 6.30 am, se llevaron detenidos a los 2 jóvenes siendo trasladados a la Brigada Antinarcóticos de Alto Comedero. En dicha Brigada, refiere que en forma reiterada le pidieron a la joven que diga que la droga era del joven para ser liberada, pero ella se negó», manifestó el organismo a cargo de Graham.
La joven de 17 años fue liberada a las 14 del 28 de junio y entregada a su madre, mientras que el joven de 18 años quedó detenido en la Comisaria Seccional 56 de Alto Comedero.
La Defensoría indicó que esta denuncia se agrega a la realizada el pasado 27 de junio, en la que denunciaron que efectivos policiales de civil sacaron fotos cuando comenzaron una protesta estudiantil y luego fueron interrogados por dos policías uniformados sobre el motivo de la misma.
«Luego se hicieron presentes en el lugar el Comisario de la Comisaria de Maimará -no recuerdan su nombre-, junto con un Jefe Policial de apellido ‘Galean’ y tres uniformados más, que expresamente les dijeron: ‘que debían desistir de la manifestación que estaban realizando, caso contrario serían trasladados a la comisaria porque lo que estaban haciendo era ilegal'», retoma la denuncia presentada a fin de junio.
El organismo solicitó que se abra una causa contra los efectivos y pidió ser querellante en la misma.