Un informe de la UADE reveló que, desde fines de 2023, la producción industrial aumentó un cuarto de su valor en dólares. La fuerte presión sobre competitividad se intensifica por la suba de costos energéticos, salariales e insumos.
Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), elaborado por Fausto Spotorno, exasesor económico del presidente Javier Milei, marcó un incremento del 25 % del costo de producción industrial en dólares entre diciembre de 2023 y abril de 2025. En contraste, el Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos subió apenas un 4 %, lo que evidencia una pérdida de competitividad local.
El informe advierte que el encarecimiento responde a factores domésticos, como inflación, recomposición salarial y aumento del precio de la energía, elementos que no se compensan con la estabilización cambiaria ni la baja del riesgo país. Spotorno consideró que, sin reformas estructurales, será insuficiente para reactivar la industria.
Empresarios y referentes del sector alertan sobre el impacto del tarifazo energético: las facturas en grandes usuarios “se triplicaron” en algunos casos, profundizando la crisis. Además, sostienen que no pueden trasladar esos costos al consumidor final, ya que la inflación hoy se sostiene principalmente por los servicios, mientras compiten con productos importados que ganan terreno.
El impacto se percibe también a nivel sectorial. Según UADE, en sectores como metalurgia, plástico y minerales no metálicos, el costo en dólares creció más de 12 %, mientras que ramas con mayor inserción exportadora como maquinaria y muebles presentaron subas de más del 23 %. Empresas pymes industriales señalan que la combinación de altos insumos, costes impositivos y difícil acceso al crédito limita la inversión y pone en riesgo el empleo.
Desde entidades como la UIA y ADIMRA, la situación se califica como «insostenible»: la suba del dólar pone presión, pero sin políticas que reduzcan los costos operativos, la industria no logra recuperarse. Reclaman una agenda de competitividad que incluya reformas impositivas, energéticas y logísticas, con mayor estabilidad macroeconómica y protección para el sector productivo.