El Poder Judicial sigue girando como un trompo y aún dirime en qué juzgado recaerá la causa por la brutal represión que llevó adelante Patricia Bullrich a jubilados/as e hinchas de fútbol durante la manifestación del 12 de marzo pasado en el Congreso. Mientras tanto, la jueza María Romilda Servini ordenó una batería de «medidas urgentes que no admiten ningún tipo de dilación».
La magistrada, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, dio intervención al Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que «recopile y analice los registros fílmicos que pudieran haber captado las cámaras pertenecientes a edificios, comercios y entidades públicas y/o privadas» ubicadas en la zona donde se produjo la represión.
En tal sentido, también ordenó a la PSA que «proceda a la compulsa de redes sociales, fuentes abiertas de internet, y portales periodísticos con el objeto de obtener material audiovisual con relación a la actuación de las fuerzas de seguridad durante la manifestación; autorizando, en caso de ser necesario, a solicitar a los medios de comunicación el material correspondiente a la cobertura en vivo realizada al respecto», y al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad que entregue de manera «urgente» al CEAC las grabaciones correspondientes a la totalidad de los registros fílmicos obtenidos por los domos.