Luego de cinco años de tramitación, la justicia dictó el sobreseimiento de Enrique “Quique” Balmaceda en la causa iniciada por un presunto abuso sexual en el año 2021, un proceso que su abogada defensora, Soledad Varas, ha calificado como un mecanismo maquiavélico de persecución política en diálogo con este medio.
La letrada sostiene que, desde el inicio, la denuncia careció de sustento probatorio y fue utilizada como un instrumento para intentar forzar un juicio político y desplazar a Balmaceda de su función como concejal en un contexto de alta sensibilidad y mediatización. A lo largo de la causa, la defensa denunció constantes atropellos a la intimidad y a las garantías constitucionales del imputado, señalando además que el proceso fue arrollador tanto para la vida personal y profesional del exconcejal como para su integridad como hombre, llegando incluso a la difusión pública de pericias psicológicas que debieron mantenerse bajo reserva.
El recorrido judicial estuvo marcado por hitos críticos, como cuando, a poco de la indagatoria, la jueza dictó un auto de procesamiento que fue posteriormente revocado por la Cámara, tribunal que instó a la magistrada a actuar con objetividad y a dejar de lado posibles motivaciones ideológicas en su proceder. Tras ese episodio, la causa entró en una etapa de estancamiento donde ni la fiscalía ni la querella solicitaron medidas nuevas, lo que llevó a la defensa a intervenir activamente el año pasado para solicitar el cierre definitivo de la situación procesal de Balmaceda. Para la abogada Varas, este sobreseimiento representa un final jurídico que, si bien otorga la razón técnica, llega después de un daño reputacional incalculable que dejó a su cliente expuesto en el buscador de internet como un denunciado por abuso, una etiqueta que no condice con la verdad procesal finalmente establecida.
En sus declaraciones tras la resolución, la defensora cuestionó duramente el uso político de las denuncias y se distanció de las prácticas de ciertos sectores que, a su juicio, instrumentalizan el feminismo con fines ajenos a la búsqueda de justicia, motivados por un odio de género que carece de fundamentos. Varas reflexionó sobre la asimetría entre la protección que reciben las víctimas y la situación del imputado, quien debe transitar años de escrutinio público para demostrar una inocencia que, según la abogada, siempre estuvo presente en el expediente.
En última instancia, la letrada planteó la difícil pregunta de si una resolución judicial puede realmente reparar el costo personal de cinco años de frenar la vida privada y profesional, concluyendo que la tarea que le queda a Balmaceda ahora es la reconstrucción de su camino tras haber sido el blanco de una estrategia que utilizó el sistema judicial para avanzar sobre las garantías de un ciudadano.