El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dispuso un plazo por 6 meses para que el Ejecutivo no realice cambios.
La Justicia frenó hoy el decreto 462/2025 por el cual el Gobierno buscaba aplicar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y dispuso que el Poder Ejecutivo “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” por el plazo de 6 meses, en una decisión que ATE celebró como un apoyo a la “lucha” sindical.
Así lo estableció la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín y quien ordenó al Gobierno que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” que derive de la aplicación del decreto 462/25 por un tiem
El decreto había sido impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar la estructura del organismo.
La jueza dispuso “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora Asociación Trabajadores del Estado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida de la Justicia y cargó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al calificarlos como “inútiles”.
“Presidente, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. ¡Luchar sirve! ¡El INTI no se toca!”, expresó desde sus redes sociales.
El objetivo del Gobierno era integrar el INTI a una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Actualmente, el organismo cuenta con una dotación de 2356 agentes y un presupuesto anual de más de $85.600 millones, con más de 250 reparticiones estructuradas en 6 niveles jerárquicos.