El juez federal Walter Lara Correa concedió una medida cautelar ante una presentación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y obligó al Ministerio de Capital Humano a garantizar el derecho a la alimentación.
El juez federal Walter Lara Correa concedió este sábado una medida cautelar ante una presentación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar con los programas y planes alimentarios para «garantizar el derecho a la alimentación». Pero en el mismo fallo, el magistrado avaló las políticas sociales del Gobierno.
En la resolución, el magistrado le ordenó al Gobierno «no innovar respecto de los planes y programas» actualmente vigentes, «sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras».
El texto remarca que «los comedores funcionan como una red de contención» a la que «recurren personas de carne y hueso que integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos particularmente empobrecidos de la población» que «requiere sin demoras cuidados especiales».
La Justicia le advierte a la cartera que dirige Sandra Pettovello que debe cumplir de manera «cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna» con los programas alimentarios que ella misma señaló que están vigentes ante un pedido de informes del juzgado y le exige un informe mensual sobre las políticas implementadas.
La decisión constituye un nuevo capítulo del conflicto entre Capital Humano y los comedores. Desde su creación en diciembre, la cartera utilizó presuntas auditorías e investigaciones internas como excusa para cortar la ayuda alimentaria a comedores de las organizaciones sociales, en medio de acusaciones de corrupción y «curros».
El juez Walter Lara Correa avaló las políticas sociales del Gobierno
En los puntos 3 y 4 del fallo, el mgistrado consideró que «sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente se hace saber que, lo decidido no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho».
Y luego afirmó: «Hágase saber que, lo aquí resuelto, no trae aparejado la imposibilidad del ejercicio del poder de policía que detenta la autoridad de contralor sobre los comedores y/o merenderos “preinscriptos” y/o “matriculados” con o sin convenio del PNUD».