El juez porteño Roberto Andrés Gallardo tomó una decisión clave para garantizar el derecho a la protesta en la Ciudad de Buenos Aires. En un fallo que generó gran repercusión, Gallardo ordenó que la Policía porteña sea la encargada de custodiar la marcha de jubilados convocada para este miércoles, en vísperas del paro general del jueves. El magistrado estableció que las fuerzas federales, bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, no deben intervenir en la movilización, salvo en caso de proteger intereses federales específicos.
La decisión responde a un planteo realizado por dirigentes de la CGT y la UTEP, entre ellos los sindicalistas Julio Piumato, Maia Volcovinsky y Alejandro “Peluca” Gramajo. Los gremialistas habían solicitado una medida cautelar para evitar la intervención de las fuerzas federales, como sucedió en la marcha del 12 de marzo, cuando se registraron episodios de represión sin autorización legal, dejando varios heridos y detenidos. Según los sindicalistas, las fuerzas federales excedieron su rol y actuaron fuera de los límites establecidos, lo que justificó el pedido de una custodia exclusivamente local.
El fallo de Gallardo y sus fundamentos
En su fallo, Gallardo subrayó que el riesgo de represión que alegaron los sindicalistas no es “meramente conjetural ni hipotético”, sino que se sustenta en hechos verificables de manifestaciones pasadas. El juez apuntó que las intervenciones de las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en situaciones de violencia, caos y represión, lo que justifica su decisión de limitar la intervención federal.
El juez también destacó la “preocupante actitud avasalladora y excesiva” de las fuerzas federales en protestas anteriores y recordó que la Ciudad de Buenos Aires no ha adherido al protocolo antipiquetes establecido por la resolución ministerial 943/2023. Esto significa que las fuerzas federales no tienen autoridad para actuar en el ámbito local sin un acuerdo previo.
Gallardo reafirmó el principio de autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resaltando que la seguridad pública debe ser gestionada de forma autónoma por el gobierno local. El juez indicó que la Ciudad debe organizar y ejecutar el operativo de seguridad de manera que se garantice tanto el orden público como el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de los manifestantes. Esto incluye la libre expresión y el derecho a la reunión pacífica, pilares fundamentales de la democracia argentina.
Consecuencias para la movilización y la seguridad
La decisión del juez Gallardo establece un claro límite a la intervención de las fuerzas federales y refuerza la autonomía de la Ciudad en cuestiones de seguridad. La Policía porteña, por su parte, tendrá la responsabilidad de garantizar que la marcha transcurra en un clima de seguridad y sin confrontaciones. Los organizadores de la protesta, respaldados por la CGT y la UTEP, celebraron el fallo, que consideran fundamental para evitar más episodios de represión en el marco de un derecho legítimo a la protesta.