La reciente sentencia del juez federal Walter Lara Correa obliga al Estado argentino a garantizar el suministro constante de alimentos a sectores vulnerables, en respuesta a un amparo impulsado por CELS y UTEP. El fallo establece la responsabilidad ineludible del Gobierno de brindar asistencia alimentaria sin retrocesos.
El juez Lara Correa, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, emitió una resolución de 129 páginas en la cual reafirma que el derecho a la alimentación debe ser garantizado de forma continua. La sentencia responde a una demanda de colectivos sociales en defensa de comedores y merenderos comunitarios que desde febrero no recibían asistencia.
El fallo judicial exige que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, reanude programas alimentarios suspendidos y presente informes mensuales de su implementación. Además, se solicita actualizar el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM), asegurando que solo aquellos espacios comprobados reciban alimentos.
Desde la asunción de Pettovello, el Ministerio prioriza la entrega directa de asistencia económica a sectores vulnerables, reduciendo la intermediación en políticas sociales. En este contexto, aumentaron las transferencias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, alcanzando a más de cuatro millones de niños. También se implementó una distribución de alimentos con enfoque federal, especialmente para escuelas vulnerables y emergencias.
Este fallo establece un precedente en la protección del derecho a la alimentación, subrayando el compromiso del Estado argentino bajo marcos jurídicos nacionales e internacionales. Lara Correa enfatiza que estos programas deben ejecutarse sin retrocesos y que la intervención judicial se limita a garantizar el cumplimiento de estos derechos esenciales.