Tras los operativos del viernes, la investigación por presunto lavado apunta directamente a los negocios del empresario y dirigente.
El empresario y dirigente Javier Faroni quedó en el centro de una tormenta judicial tras los masivos allanamientos ejecutados este viernes en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por orden de la Justicia Federal de Campana.
Los operativos, que sacudieron tanto el predio de Ezeiza como la histórica sede de la calle Viamonte, fueron dispuestos por el juez Adrián González Charvay con el objetivo de secuestrar documentación probatoria sobre presuntas maniobras de defraudación y lavado de activos.
La investigación tiene como eje principal «el predio de Pilar y Faroni en la mira», bajo la sospecha de que existirían irregularidades graves en las concesiones y el flujo de fondos destinados a infraestructura deportiva.
La jornada de ayer viernes marcó un punto de inflexión en la causa, ya que las fuerzas de seguridad no solo buscaron balances contables, sino que se centraron específicamente en los contratos que vinculan a las empresas de Faroni con la entidad madre del fútbol argentino.
El magistrado busca determinar si el dirigente utilizó su posición para direccionar beneficios económicos en torno al nuevo centro de entrenamiento proyectado en la zona norte del Gran Buenos Aires. «Los operativos en Ezeiza y en la sede, fueron ordenados ahora por un juez de Campana en busca de nueva documentación», indicaron los peritos que trabajaron hasta última hora del viernes retirando soportes digitales y bibliatos con información comercial.
El impacto del procedimiento radica en la conexión directa que la Justicia establece entre la gestión administrativa de la AFA y los negocios privados del empresario teatral y dirigente deportivo. Mientras el secreto de sumario rige sobre gran parte de las actuaciones, trascendió que la lupa está puesta en cómo se financiaron las obras en Pilar y qué rol jugaron las sociedades vinculadas a Faroni en dicha triangulación.
Con el material recolectado, la fiscalía se dispone ahora a cruzar datos patrimoniales que podrían comprometer seriamente la situación procesal de los involucrados en las próximas semanas.