La Ley Nacional de Tierras Rurales (26.737) volvió a instalarse en el centro del debate político luego de que el Gobierno nacional impulsara un proyecto para modificarla. La iniciativa propone eliminar los límites federales a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, delegando esa regulación en las provincias.
La normativa, sancionada en 2011, no prohíbe la inversión extranjera ni obliga a devolver propiedades adquiridas antes de su entrada en vigencia. Su objetivo es establecer límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras y crear mecanismos de control a través del Registro Nacional de Tierras Rurales.
En La Rioja, los datos oficiales del Registro indican que existen 484.560 hectáreas rurales bajo titularidad o posesión extranjera, lo que representa el 5,41 % de la superficie rural provincial. Sin embargo, la distribución no es uniforme. El departamento General Lamadrid registra un 56,7 % de su territorio rural en manos extranjeras, mientras que Chilecito se encuentra cerca del límite legal del 15 % establecido por la ley.
Uno de los antecedentes más recordados en la provincia es el caso de Valle Hermoso, en el departamento Vinchina. En 2010 trascendió una operación de venta de unas 200 mil hectáreas que incluían un pueblo habitado, situación que generó preocupación y formó parte del debate sobre la necesidad de contar con una regulación nacional.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado plantea reemplazar el actual esquema de límites nacionales por un sistema en el que cada provincia defina sus propias reglas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta obtuvo dictamen de mayoría y su tratamiento quedó postergado hasta el próximo 6 de agosto.
Quienes respaldan la legislación vigente sostienen que la tierra constituye un recurso estratégico por su valor productivo, ambiental y territorial, y consideran necesario mantener controles nacionales sobre su adquisición. En cambio, el Gobierno argumenta que la reforma busca fortalecer el federalismo y favorecer las inversiones.
El debate continuará en el Senado, donde se definirá el futuro de una norma que regula la compra de tierras rurales y que, desde hace más de una década, forma parte de la discusión sobre el uso y la protección del territorio argentino.