El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el diciembre pasado la compra de una casa de Allende para convertirla en un museo que recordara la figura del exmandatario derrocado por Augusto Pinochet (1973-1990).
Fernández alcanzó a firmar un contrato de compraventa de la casa valorada en unos 900.000 dólares.
El gobierno frenó la operación por los cuestionamientos de la oposición de derecha, que alertó que existe una disposición legal que prohíbe a los ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado.
Cuando estalló la polémica, Fernández se defendió ante la prensa afirmando que no se produjo la venta.
Eso no frenó las críticas de los legisladores de derecha, que casi en simultáneo a la renuncia de Fernández presentaron un juicio político en su contra para destituirla e inhabilitarla de cargos públicos por cinco años.
La compraventa no sólo «tenía vicios graves, de fondo y de forma, sino que además violaba la Constitución», dijo a la prensa este lunes el diputado opositor Juan Antonio Coloma.
El caso involucra también a la senadora Isabel Allende, hija del mandatario derrocado, y tía de Fernández. Por su cargo, también estaba impedida de firmar contratos con el Estado.
El Tribunal Constitucional analizará dos requerimientos presentados en contra de Fernández y Allende.
Es la segunda ministra que sale de su gabinete por este escándalo, tras la renuncia de la extitular del ministerio de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien visó la compra de la vivienda.
Fernández se mantenía en el gabinete desde el inicio del gobierno de Boric, en marzo de 2022, y ahora será reemplazada por Adriana Delpiano, exministra en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Michelle Bachelet (2006-2010).
AFP