Amparo, demandas y alarma ambiental: la reforma de Glaciares quedó bajo fuego judicial. La Pampa advierte impacto directo en el agua.
La reforma de la Ley de Glaciares, recientemente sancionada en el Congreso, ya enfrenta una fuerte embestida judicial. El gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental para frenar su aplicación y pidió que se declare su inconstitucionalidad, mientras organizaciones ambientalistas avanzan con una demanda a nivel nacional.
La acción pampeana se radicó en el juzgado federal de Santa Rosa y fue impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. El planteo solicita la suspensión inmediata de la norma hasta que se resuelva su validez constitucional.
El reclamo de La Pampa por el impacto en el agua
El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la presentación y advirtió sobre las consecuencias que podría tener la reforma en el territorio provincial.
La dependencia de los ríos de origen glacial
El mandatario remarcó que, aunque la provincia no tiene glaciares, depende de recursos hídricos que nacen en esas zonas. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial”, señaló.
En ese sentido, alertó que la modificación normativa podría traducirse en una menor disponibilidad de agua, en un contexto ya atravesado por conflictos históricos como el del río Atuel.
También destacó la importancia estratégica del río Colorado, que abastece a cerca del 45% de la población pampeana, lo que ubica al recurso hídrico en el centro de la disputa.
Argumentos constitucionales y ambientales
El amparo sostiene que la reforma vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, además de violar el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú.
La presentación solicita declarar la nulidad absoluta de la ley y suspender cualquier acto administrativo derivado de su implementación.
Desde la Fiscalía de Estado, remarcaron que el daño potencial “no es abstracto”, sino que podría afectar de manera directa la calidad y cantidad de agua disponible en la provincia.
Organizaciones lanzan una demanda nacional
En paralelo, distintas organizaciones ambientalistas iniciaron una demanda colectiva contra la reforma de la ley, ampliando el frente judicial.
Críticas al contenido de la norma
Entre las entidades que impulsan la presentación se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace.
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Los espacios advierten que la modificación implica un “retroceso” en la protección de reservas estratégicas de agua dulce y cuestionan que se habiliten mayores márgenes para actividades como la minería en zonas sensibles.
Uno de los puntos más cuestionados es la delegación en las provincias de la definición de áreas periglaciales, lo que, según sostienen, podría poner en riesgo ecosistemas clave.
Cuestionamientos al proceso legislativo
Las organizaciones también criticaron el tratamiento parlamentario de la norma, al señalar que se realizó con limitaciones en la participación pública y sin incorporar aportes técnicos y científicos.
“Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, afirmaron en un comunicado.
Un conflicto que escala en tribunales
La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos y modifica el régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental establecido por la ley 26.639.