Una organización política señala a la esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi, por presunto tráfico de influencia y delitos contra la naturaleza.
La organización política ecuatoriana Unidad Popular presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de Lavinia Valbonesi, esposa del presidente del país, Daniel Noboa, por el polémico proyecto inmobiliario que una empresa de la cual es accionista pretende levantar en un área protegida de la provincia de Santa Elena.
Según informó el movimiento político, a través de su cuenta en X, señalan a la primera dama del presunto cometimiento de tráfico de influencia y delitos contra la naturaleza.
“Ecuador no es una hacienda. El presidente Daniel Noboa no debe utilizar su Gobierno para favorecer los negocios familiares […] El Estado ecuatoriano debe actuar conforme a la ley para proteger la naturaleza y no los negocios privados. Este caso, evidentemente causa indignación y el repudio de la ciudadanía, tiene que ser fiscalizado por la Asamblea y la Controlaría”, dijo Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, citado por Teleamazonas.
Instó a la Fiscalía a actuar “sin temor ni favor”, recordando que este caso involucra, además de la esposa del mandatario, a varios miembros del gabinete presidencial.
Ya el miércoles se conoció que la FGE abrió una investigación previa en torno a este caso. No obstante, la entidad no precisó bajo qué delito se está llevando a cabo la indagación.
’ECHO’ de Vinazin S.A.
Este escándalo explotó hace alguno días, cuando pobladores de la comuna de Olón, en la parroquia de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, protestaron para denunciar la tala y destrucción del manglar en el Esterillo Oloncito —declarado “área de bosque y vegetación protectores” en 2001—, con el fin de llevar a cabo la construcción de un proyecto inmobiliario.
La obra está a cargo de la empresa Vinazin S.A., de la cual Valbonesi es una de las principales accionistas. En la zona protegida se busca construir un conjunto al que le han dado el nombre de ’ECHO’, de cuatro edificios con distintas plantas cada uno y un total de 24 viviendas.
La polémica ha escalado porque los denunciantes señalan que la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi, fue la que otorgó el registro ambiental a Vinazin S.A. y lo hizo el 5 de diciembre de 2023, apenas días después de la asunción de Noboa.
El caso también involucra a Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y encargado de la cartera de Energía y Minas, porque la compañía que realizó los estudios en Olón para el proyecto inmobiliario es Geosísmica, de la cual es uno de los accionistas.
Asimismo, ha sido nombrada Mónica Palencia, actual ministra del Interior, puesto que fue delegada en 2020 por Vinazin S.A. para sus trámites.
RT