El secretario adjunto de la CGT advirtió que convocará a un paro nacional para el próximo lunes, si no se oficializan los acuerdos salariales que se pactaron con el sector empresarial.
En medio de la tensión entre el Gobierno y la CGT por la falta de homologación del aumento salarial del 45% que el gremio acordó con el sector empresarial, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, redobló la apuesta al afirmar que no dará el brazo a torcer ante las exigencias de Pablo Moyano. “No le vamos a homologar la paritaria a Camioneros”, ratificó.
A finales de marzo, el Sindicato de Camioneros acordó con los empresarios un incremento en los sueldos del 45%, el cual se pagaría en dos tramos: 25% en marzo y el 20% restante en abril. Sin embargo, el convenio aún no recibió el visto bueno de parte de la Secretaría de Trabajo, debido a que fuentes oficiales confirmaron previamente a Infobae que “sigue bajo revisión jurídica porque tiene varios cuestionamientos”.
La no homologación del aumento no fue bien recibida por el secretario adjunto de la CGT, quien amenazó con convocar a un paro nacional para el próximo lunes 8 de abril, si la modificación salarial no era firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero. “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país”, advirtió Moyano.
Frente al apriete, el titular de Economía defendió la decisión de no homologar la paritaria tras considerar que el incremento pactado no tenía ningún tipo de relación con los índices de inflación que se registraron y que se esperan para los siguientes meses. “¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido?”, cuestionó.
A pesar de que Caputo reconoció que las paritarias se trataban de acuerdos entre el sector empresarial y los gremios, remarcó que el Estado cuenta con la potestad de poder intervenir a la hora de aceptarlo o no. No obstante, criticó los porcentajes que presentó la CGT al interpretar que la homologación de la medida podría generar problemas a futuro.
“Si él -Julio Cordero- homologa un 25% de suba en febrero cuando la inflación fue del 13%, 20% en marzo cuando la inflación va a ser del 10%, el próximo que venga va a decir: ‘Bueno, a mí dame 30% en abril’”, ejemplificó el jefe de la cartera económica al vaticinar que podría generarse un desequilibrio general en la economía, ya que los aumentos generarían un efecto avalancha que se trasladarían a la inflación, las tasas de interés y, finalmente, impactarían en el precio del dólar.
Si bien el economista destacó que la decisión dependerá del secretario de Trabajo, sentenció: “Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por arriba de lo que se espera de inflación, bárbaro. Ahora, si me decís 15 puntos, esto no tiene ningún sentido”.
De esta manera, el funcionario público consideró: “Si yo empiezo a convalidar cualquier cosa, entramos en lo que denominamos una carrera nominal como le pasó al gobierno anterior”, en referencia a que los precios comenzarán a modificarse por influencia de las cifras que podrían plantearse desde los distintos sectores.
Previo a esto, el sindicato había demostrado su desacuerdo ante el tope del 15% que había impuesto el Ministerio de Economía con el objetivo de desalentar las expectativas inflacionarias. El secretario general de la CGT, Héctor Daer, fue uno de los referentes que reclamó por “la caída (salarial)” que hubo, algo que consideró “difícil de sustentar socialmente”, durante la celebración de la cumbre AmCham 2024.
Por el momento, si el convenio no es homologado en los 30 días posteriores a su firma, quedará “tácitamente homologado”. Así lo establece la Ley 23.546, que fija las normas de procedimiento para las convenciones colectivas de trabajo.
Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo explicaron que la demora en la homologación de la paritaria fue provocada por una interna en la FADEEAC luego de que las cámaras de Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan impugnaran la medida al considerar que en el acuerdo se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social.
De ser aceptado, el sector empresarial también debería pasar a abonar $10.000 por cada trabajador. Según detallaron las fuentes oficiales, la CGT pasaría a percibir un total de 2000 millones de pesos por mes, ya que cuentan con unos 200.000 afiliados. Asimismo, indicaron que el monto señalado sería utilizado “para solventar el déficit del sindicato”.