En medio de las discusiones por supuestos recortes, desde el Gobierno negaron esta situación y consignaron también que las transferencias de la AFIP a las obras sociales nacionales «se encuentran regularizadas».
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) constituyeron la mesa de trabajo con el fin de abordar y resolver situaciones específicas vinculadas a pagos por prestaciones brindadas por obras sociales y prepagas, según informaron fuentes oficiales. Ambos organismos consignaron también que las transferencias de la AFIP a las obras sociales nacionales «se encuentran regularizadas» y que el programa Incluir Salud «realiza sus pagos con regularidad».
La Andis y SSSalud informaron además que invitaron «a los prestadores independientes -acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos y maestros de apoyo, entre otros- a formar parte de la próxima reunión del Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad con el propósito de abordar situaciones específicas de este sector». Además, anunciaron que «se convocará a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado nacional».
«La discapacidad en su conjunto -añadieron- es una prioridad del gobierno nacional. Prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones. Esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios, hayan tenido un aumento acumulado de 320% desde 2019», consignó el comunicado. La semana pasada, desde el Gobierno se indicó que «no hay ningún recorte presupuestario» en el área que atiende a personas con discapacidad y se precisó que si bien había existido «un retraso de pocos días en las partidas» presupuestarias designadas para ese sector, «el tema se encuentra solucionado».
Así se señaló tras la reunión de Gabinete realizada el miércoles de la semana pasada, ante una protesta que durante tres días mantuvieron frente a la Casa Rosada prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad, en reclamo de la regularización de los pagos y en protesta ante rumores de un supuesto recorte en el área, que fue descartado de plano desde el Ejecutivo.
La responsabilidad de las prestadoras
Al respecto, el director ejecutivo de ANDIS, Fernando Galarraga, señaló que “el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno Nacional”, y que “desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días”. En declaraciones periodísticas, explicó que “el tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias; por eso desde el Gobierno queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad, se están regularizando desde hoy”.
“El atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales, se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados”, amplió el titular de ANDIS. Galarraga detalló que el mecanismo de integración establece que “la Superintendencia informa a la AFIP los totales liquidados asignados a cada Obra Social; luego AFIP procede a acopiar de la cuenta recaudadora los recursos necesarios para cubrir dicha erogación”, y que “dicho proceso se encuentra en curso dada la dinámica de la recaudación, para que el organismo recaudador proceda a acreditar la suma total a cada Obra Social y se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad”.
Con información de Télam
Fuente: El Destape