El Gobierno de la Provincia de La Rioja, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, ha decidido avanzar en el reclamo por la soberanía territorial que mantiene históricamente con la provincia de San Juan. La iniciativa, que ya cuenta con fuerza de ley, busca revisar la validez del decreto de 1968, el cual ha sido objeto de controversia y rechazo por parte de sucesivas gestiones provinciales desde 1973.
El eje del reclamo
Ricardo Herrera, secretario general de la Gobernación, explicó en MEDIOS RIOJA, que la decisión responde a una «ventana jurídica» generada tras la pérdida de vigencia de normativas previas que no fueron debidamente reconocidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El foco del cuestionamiento provincial se centra en la ley 18.004, incorporada al digesto jurídico en 2014, la cual el Ejecutivo riojano busca ahora impugnar.
«Buscamos visibilizar el reclamo y ratificar nuestra soberanía territorial», afirmó Herrera. El funcionario destacó que la intención no es generar un conflicto, sino agotar los canales institucionales y diplomáticos: «Tendremos que buscar el diálogo con el gobernador [Marcelo] Orrego y fijar posiciones; estos temas se resuelven de manera pacífica y amigable».
Creación de una comisión especial
La ley recientemente sancionada habilita la creación de una comisión técnica integrada por representantes del Poder Legislativo y expertos en la materia. El objetivo de este cuerpo será recopilar antecedentes históricos y jurídicos para determinar si la provincia cuenta con fundamentos sólidos para impulsar su reclamo.
De obtener resultados favorables en el estudio de antecedentes, los legisladores nacionales riojanos llevarán la postura provincial al Congreso de la Nación, instancia que el artículo 75 de la Constitución Nacional designa para dirimir estas cuestiones. En última instancia, si no se alcanza un entendimiento político, el Gobierno provincial recurrirá a la Corte Suprema para obtener una resolución definitiva.
Desvinculación de la actividad minera
Ante las consultas sobre una posible relación entre este reclamo limítrofe y el desarrollo de proyectos mineros en la zona, el secretario general fue categórico: «No tiene nada que ver con empresas».
Herrera aclaró que la gestión provincial continúa trabajando en las inversiones y compromisos asumidos, como la ejecución del bypass y la incorporación de proveedores locales al proyecto Vicuña. Sin embargo, enfatizó que la controversia limítrofe es una cuestión de soberanía y aprovechamiento de recursos naturales que, según sostiene la administración provincial, no ha tenido la consideración debida en instancias legislativas pasadas.
«La Rioja no tiene nada que decir sobre los proyectos cuando se encuentran en zonas disputadas y cuyos límites no fueron validados. Celebro la firmeza del gobernador para exigir que redefinamos este tema o que la Corte dicte sentencia», concluyó Herrera.