La provincia de La Rioja implementó una reforma constitucional que establece un límite de 10 años para el mandato de los futuros jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Esta medida busca promover una renovación periódica en el máximo órgano judicial provincial y no afecta a los actuales magistrados en funciones.
Además, la reforma contempla una ampliación de la composición del TSJ, que pasará de cinco a siete miembros y fomenta la paridad de género. También se modificó el Consejo de la Magistratura, que ahora tendrá una integración más diversa incluyendo representantes de todos los poderes y del ámbito académico.
Esta decisión ha generado opiniones divididas: mientras algunos creen que fortalece la independencia judicial, otros temen que pueda incrementar la presión política sobre los jueces.