El encuentro se desarrolló durante dos jornadas, 21 y 22 de septiembre, en el Archivo Nacional de la Memoria, y contó con la participación de autoridades y referentes en derechos humanos de todo el país.
El acto tuvo lugar en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, en la exESMA y estuvo encabezado por el secretario Horacio Pietragalla Corti, junto con la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Los acompañaron el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, y la abuela Buscarita Roa.
El evento marcó la finalización de la 36° edición de la Reunión Plenaria del Consejo, en la que participaron las autoridades provinciales en derechos humanos de todo el país junto a sus equipos técnicos. En ese marco, se dio lectura a una declaración conjunta del organismo, firmada por todas las delegaciones presentes.
Al realizarse la 36 Reunión Plenaria en el marco de cumplirse los 40 años del conflicto del Atlantico Sur, rinden homenaje a las veterinas y los veteranos, a los caides y a sus familiares, y ratifican, como hace ya casi 200 años, la legitima e imprescriptible soberania argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimas e dares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional
En ocasión del 50 aniversario de la «Masacre de Trelew», rinden homenaje a las victimas de la masacre perpetrada el 22 de agosto de 1972 durante la dictadura iniciada en 1966, para mantener viva la memoria de un hecho que commovió a toda la sociedad y que preanunciaba las acciones que ibu a llevar adelante el poder real a través de las Fuerzas Armadas durante la dictadura chico militar del periodo 1976-1983,
Asimismo, celebran el histórico juicio por la verdad desarrollado para echar huz sober los hechos acaecidos alrededor de la llamada «Masacre de Napalp», hace 98 años en la provincia del Chaco primer proceso judicial de esta indole en América Latina y donde se lo reconoce como delito de lesa humanidad en el marco del genocidio
Por otra parte, reafirman su compromiso irrevocable con el pacto democrático establecido en el año 1983, que concibe a los derechos politicos como denchos fundamentales, y sostienen que para promover su ejercicio se requiere el más ao estándar de actuación del Estado, and como de otros agentes fundamentales para la democracia, como son los partidos politicos y las organizaciones del
En tal sentido, repudian los dispositivos politics, judiciales y mediaticos, conocidos como «law fare», contra dirigentes politicosas y referentes de derechos humanos, que socavan las instituciones democráticas y que evidencian la intención sistemática de severtir el acceso a los derechos civiles y politicos, y también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reconocidos por la Constitución Nacional.
Por otro lado, destaca que la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres reconoce la violencia politica como uno de los tipos y modalidades de las violencias fundadas en razones de génens, y la describe como intimidación, hostiganiemo, deshonra, descredito, persecución, acoso yo amenazas, que impida limite el desarrollo propio de la vida politica o el acceso a derechos y deberes politicos». Asi, bajo este marco legal entienden que se inscribe el atentado contra la figura de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el cual significó una peligrosa escalada en la incitación a la violencia que amenaza la vida democrática y sus instituciones.
Además, señalan que tanto la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco como sus trabajadoras y trabajadores, vieron afectado su derecho a trabajar dignamente ante la irrupción violenta de un grupo de personas que ingresaron a la sede institucional peopinando insultos, amenazas agresivas y discursos de odio, con carteles que expresaban frases negacionistas del terrorismo de Estado y en contra del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que lleva adelante
Este tipo de ataques y discursos violentan las instituciones democráticas y no pueden ser tolerados. Es necesario que estos graves hechos sean investigados y rápidamente esclarecidos por la justicia. Por ello, las Altas Autoridades de Derechos Humanos de la República Argentina declaran
su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que constituye un ataque contra la democracia y el orden institucional construido a lo largo de los últimos 39 ajos de nuestra historia
su exigencia al Poder Judicial por el pronto esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho execrable para la vida democrática en nuestro pais su total rechazo a las estrategias regresivas para los derechos humanos y a aquellos que pregonan discursos de odio y la banalización de los hechos de violencia que promueven el negacionismo del terrorismo de Estado, en clara afrenta a los logros alcanzados en el proceso de Memoria. Verdad y Justicia de las últimas décadas, violentando las instituciones su exhortación a la dirigencia toda y a la población de nuestro país, a buscar todos los caminos que conduzcan a consolidar y fortalecer la democracia.
Por todo ello, destacan la obligación de profundizar y fortalecer el pacto democrático, siguiendo el ejemplo de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, y todas las organizaciones que trabaja comprometidamente por la defensa y promoción de los Derechos Humanos para que nunca más cometidos delitos contra la humanidad en nuestro país.
