En un encuentro clave para delinear el futuro de las políticas públicas en género y diversidad, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con el equipo de la Secretaría de la Mujer y Diversidad. La reunión tuvo como objetivo fortalecer la gestión institucional y definir las estrategias a implementar durante 2025.
Al finalizar el encuentro, la secretaria Karen Navarro destacó que, junto al gobernador Ricardo Quintela, buscaron definir una política pública integral para la «protección y asistencia de mujeres en situación de violencia, así como también para garantizar derechos y prevenir la vulneración de los mismos dentro del colectivo LGBTQ+».
En esa línea, remarcó que el gobernador planteó la necesidad de «fortalecer la gestión institucional de todas las áreas del Estado, para un entendimiento claro sobre lo que significa la protección de las personas en situación de violencia”.
La importancia del compromiso estatal en políticas de género
«Tenemos que lograr que las personas crean en las instituciones y puedan entender que el Estado presente significa que estamos todos realizando un trabajando territorial, estratégico y oportuno para una sociedad que está consumiendo constantemente discursos y apologías específicas contra la comunidad LGBTIQ+ y contra las mujeres en situación de violencia», señaló la responsable de la secretaría.
Navarro, en ese marco, concluyó: «Le mostramos el trabajo realizado durante el 2024, como lo hacemos anualmente, como así también el del Observatorio de Violencia, qué está pasando en la provincia con respecto a las situaciones de violencia, cuántos oficios judiciales llegan, cómo es la demanda espontánea, qué necesidades tiene de proyección la Secretaría, para la asistencia permanente sobre todo de las personas que necesitan la jerarquía del Estado y de esas instituciones que atienden la demanda de la comunidad».
Entre acusaciones homofóbicas y el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos, la gestión de Javier Milei como presidente de la Nación se caracteriza por la constante amenaza contra reivindicaciones sociales que costaron años de lucha. Sin embargo, en contraposición al avance de estos discursos de odio, la provincia de La Rioja sigue a paso firme en materia de concientización a través de distintas políticas impulsadas por el gobernador Ricardo Quintela, como el programa de Capacitación Obligatoria en Derechos Humanos para funcionarios públicos.
Esta propuesta, enviada a la Legislatura provincial por parte del mandatario riojano, surgió en 2020 con el objetivo de prevenir casos de violencia institucional, discriminación y negacionismo por parte de funcionarios públicos, evitando así que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan sufrir casos de abuso de poder.
Según explicó el director de Promoción de Derechos Humanos de La Rioja, Marcelo Acosta, en comunicación con El Destape, esta capacitación comenzará con su primera fase en marzo de este año, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: «Ya tenemos publicado nuestro manual de capacitación en la página del Gobierno, con el que vamos a enfocarnos en esta primera etapa para funcionarios de rango, subsecretarios, ministros y hasta el gobernador».
La capacitación estará a cargo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y busca sensibilizar al agente público en el desempeño de sus funciones y dar a conocer contenidos y principios básicos sobre los Derechos Humanos, con ejes en la xenofobia, el racismo, la discriminación, el negacionismo y la diversidad cultural. Estos contenidos serán abordados a través de un manual digital, disponible en la página oficial del Gobierno de La Rioja.
Durante esta primera fase, los funcionarios asistirán de manera presencial a las jornadas de sensibilización, mientras que posteriormente se realizará de manera virtual a través del campus online de la Universidad Nacional de La Rioja, enfocándose en los miembros del poder judicial. «También estamos abiertos a recibir recomendaciones para abordar otros módulos, como derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de satisfacer todas las demandas que puedan surgir desde la administración pública», explicó Acosta.