La Secretaría de Energía de La Rioja ha oficializado una postura firme en defensa de los recursos estratégicos de la provincia. A través de su titular, Alfredo Pedrali, el gobierno provincial presentó una oposición formal ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) respecto a la solicitud de la minera Vicuña para la construcción de una línea de alta tensión de 500 kV, la cual pretende otorgar prioridad de uso exclusivo a la firma privada.
El centro del conflicto radica en el uso de una infraestructura diseñada originalmente en 2003 para un sistema de integración energética nacional. El proyecto minero, vinculado a la futura estación «Chaparro» y al proyecto José María en la provincia de San Juan, busca consolidar su operación sobre un trazado que es vital para la conectividad eléctrica entre las regiones del NOA y Cuyo.
«La minera presentó esa solicitud porque pretende quedarse con el 90 por ciento de la línea y de las estaciones transformadoras», explicó Pedrali en MEDIOS RIOJA, cuestionando la resolución 79 del organismo regulador. Según la postura provincial, esta infraestructura fue financiada mediante el fondo fiduciario de transporte federal, al cual han contribuido históricamente todas las provincias, incluida La Rioja. Por ello, argumentan que no es admisible que la capacidad de transporte se ceda casi en su totalidad a un actor privado.
Para La Rioja, el desarrollo del Valle del Bermejo depende directamente de la posibilidad de contar con esa alta potencia energética. La visión estratégica provincial es clara: «Se le otorga a la minería un porcentaje de prioridades, y corresponde también que le otorguen a la provincia un porcentaje para el corredor energético», enfatizó el secretario, subrayando que la falta de equidad en esta repartición limitaría el crecimiento de toda la región.
El antecedente que motiva esta alerta es la gestión de capacidades en la mina La Alumbrera, en Catamarca, situación que la provincia busca evitar para no quedar relegada en el uso de un corredor que, idealmente, debería unir los salares desde Salta y Jujuy hasta Catamarca, impulsando el desarrollo de todo el oeste.
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa administrativa. Tras la oposición presentada por La Rioja, la empresa Vicuña solicitó un plazo de 30 días para corregir el documento de solicitud. Ante este escenario, la Secretaría de Energía ha sido contundente sobre los pasos a seguir: «Nosotros hicimos una reserva de accionar judicialmente, en caso que la respuesta de Vicuña sea satisfactoria», concluyó Pedrali, manteniendo el estado de alerta ante una resolución que definirá el futuro energético de la región.