La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresa su preocupación ante el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno de la provincia de Jujuy y la reciente publicación de un decreto que criminaliza y busca limitar la protesta social en la provincia.
El pasado viernes 9 de junio, a través del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación».
El decreto, además, busca implementar multas y perseguir judicialmente a quienes hayan convocado a la manifestación y amenaza con la cesantía si la persona sancionada es empleada pública. La medida pretende amedrentar a quienes ejercen su derecho a protestar y manifestarse, garantizado por la Constitución Nacional y reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos.
El agravamiento de las sanciones que dispone esta norma se realizó en un contexto de protestas de docentes jujeños en reclamo de mejoras salariales y de masivas movilizaciones en torno al debate por la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial.
El oficialismo busca aprobar la nueva Constitución el próximo 19 de junio, para lo cual aceleró los tiempos establecidos para el tratamiento de los temas, vulnerando el derecho de acceso a la información y participación de la ciudadanía.
La reforma que busca imponer Morales otorga rango constitucional al represivo régimen contravencional vigente desde 2016, que faculta a la policía para realizar detenciones arbitrarias sin orden judicial y sin flagrancia, en oposición a lo establecido por las obligaciones de la República Argentina en materia de derechos humanos, y que es utilizado sistemáticamente para perseguir y criminalizar la protesta social.
Resulta alarmante el límite que quiere imponerse a este derecho, ya que invocando una imprecisa figura de “paz social” se prohíben los cortes totales de calles y rutas, y se habilita la implementación de un proceso sumarísimo en casos de flagrancia a través del Código Contravencional.
Por todo lo expuesto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifiesta su honda preocupación por el grave retroceso en los derechos del pueblo jujeño y advierte que la consolidación del accionar autoritario del gobierno de Morales representaría una amenaza para el sistema democrático en la República Argentina.