El Consejo Superior de la UBA solicitó por resolución unánime la promulgación de la ley que tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales. Asimismo, se pronunció sobre las residencias médicas y la situación de emergencia sanitaria pediátrica en el Hospital Garrahan.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió, por unanimidad, solicitar al Presidente de la Nación el no veto de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No docente procediendo a su efectiva promulgación e implementación. También solicita a las y los legisladores nacionales que insistan con la aprobación y sostengan en el Congreso la sanción de la ley, en el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva su veto.
El proyecto de ley fue presentado por la UBA, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y las asociaciones sindicales docentes y nodocentes el día 28 de mayo de 2025, con el objeto de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina.
Para cumplir este objetivo, la ley plantea la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y nodocentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 según el INDEC. Además, prevé la actualización de los montos destinados a gastos de funcionamiento, la creación de un fondo para carreras estratégicas y la asignación prioritaria de recursos a infraestructura, becas, colegios preuniversitarios y actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización. Se establece también un horizonte de financiamiento creciente, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
La ley fue aprobada por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación el 22 de agosto, y ahora corresponde, según lo dictan las normas constitucionales, al Poder Ejecutivo Nacional avanzar con la promulgación de dicha Ley.
En los considerandos de la resolución, la UBA recuerda que “en el año 2024 ambas cámaras del Congreso de la Nación aprobaron una Ley de igual tenor que contaba con el apoyo de la comunidad universitaria y que luego fue vetada por el señor Presidente de la Nación”.
Esta situación generó una pérdida real de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios durante 2024, que se profundizó este año debido a que la recomposición salarial no alcanzó a cubrir la inflación. La resolución subraya que “la falta de convocatoria a paritaria de los sectores docentes y no docentes en estos últimos meses ha provocado una pérdida del valor real del salario que induce a un vaciamiento del sistema universitario y a una pérdida de la calidad educativa, ante lo cual esta Universidad declaró en marzo de este año la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.
Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud
En la misma sesión, el Consejo Superior de la UBA se pronunció sobre la crítica situación que atraviesa el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y las Residencias Nacionales.
La resolución destaca que “el Hospital Garrahan es una institución emblemática de la salud pública argentina, reconocida por su excelencia en la atención pediátrica de alta complejidad, la docencia y la investigación científica”.
Asimismo, subraya que los estudiantes que realizan allí sus prácticas y formaciones contribuyen activamente al funcionamiento del hospital y representan el futuro de la salud pública del país, por lo que deben ser acompañados y reconocidos en sus demandas.
El texto también remarca que esta situación se inscribe en un contexto más amplio de emergencia presupuestaria que atraviesan numerosas instituciones públicas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la cual depende funcionalmente parte del personal médico y de investigación del Hospital Garrahan, lo que impacta tanto en la formación profesional como en la producción científica que sostiene al sistema de salud.
Por todo ello, el Consejo Superior resolvió “solicitar al señor Presidente de la Nación el no veto de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, procediendo a su efectiva promulgación e implementación”.